Por: María Emilia Molina de la Puente
Confieso que me sorprendió escuchar a la secretaria de Gobernación anunciar que se investigaría quién financió el traslado de algunas madres buscadoras, que participaron en las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México, durante la inauguración del Mundial de Futbol. No porque las autoridades carezcan de facultades para allegarse información cuando consideran que existe una razón para hacerlo, sino porque la pregunta misma me pareció reveladora de una preocupante inversión de prioridades.
México enfrenta una crisis de desapariciones que ha marcado directamente la vida de cientos de miles de personas y cuyos efectos alcanza a toda la sociedad en general. Detrás de cada cifra existe una familia que lleva años esperando respuestas, una madre que continúa buscando a un hijo, una esposa que desconoce el paradero de su pareja, hermanos que crecieron entre carpetas de investigación y diligencias inconclusas. En ese contexto, resulta difícil no preguntarse por qué una de las preocupaciones que logró abrirse paso en la conversación pública fue el origen de los recursos que permitieron a algunas de esas familias trasladarse a una manifestación y no, una vez más, el destino de quienes siguen desaparecidos.
La pregunta importa porque las prioridades también comunican. Nos dicen dónde está puesta la atención del Estado, qué asuntos considera urgentes y cuáles parecen quedar relegados. Por eso la discusión no gira realmente en torno a unos autobuses ni a los gastos de traslado de un grupo de personas. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la forma en que las instituciones miran a las víctimas y la manera en que entienden el papel de la sociedad frente a una tragedia humanitaria que lleva años desbordando las capacidades del país.
Durante mucho tiempo he sostenido que una de las mayores tragedias de México no es únicamente el número de personas desaparecidas, sino la normalización progresiva de aquello que debería seguir resultándonos intolerable. Nos hemos acostumbrado a escuchar cifras que en cualquier otra democracia provocarían una conmoción nacional permanente. Nos hemos acostumbrado a que aparezcan fosas clandestinas, a que se acumulen restos humanos sin identificar, a que las familias recorran oficinas públicas durante años sin obtener respuestas y, quizá lo más grave, nos hemos acostumbrado a que sean las propias víctimas quienes terminen haciendo buena parte del trabajo que corresponde al Estado.
Las madres buscadoras son la expresión más evidente de esa realidad. Ninguna de ellas eligió convertirse en investigadora, en gestora, en especialista improvisada en procedimientos forenses o en organizadora de brigadas de búsqueda. Lo hicieron porque la desaparición de un ser querido las colocó frente a una decisión imposible: resignarse a la incertidumbre o salir a buscar por cuenta propia. La inmensa mayoría eligió lo segundo. Han aprendido a interpretar expedientes, a identificar indicios, a coordinar esfuerzos colectivos y a recorrer lugares que ninguna madre debería verse obligada a recorrer, a ver cosas que ninguna persona debería ver. Han dedicado años de su vida a una tarea que tendría que ser asumida principalmente por las instituciones encargadas de procurar justicia y garantizar los derechos de las víctimas.
Por eso me parece que la pregunta relevante no es quién ayudó económicamente a algunas madres buscadoras para trasladarse a una manifestación. La pregunta relevante es por qué necesitan esa ayuda. ¿Cómo llegamos al punto en que miles de familias tienen que organizar rifas, colectas, ventas de comida o campañas de donativos para realizar actividades relacionadas con la búsqueda de sus seres queridos? ¿Cómo normalizamos que personas que ya cargan con el peso emocional de una desaparición deban además asumir los costos económicos de una tarea que el Estado tiene la obligación jurídica de realizar?
La respuesta, me temo, se encuentra en las enormes deficiencias que durante años han caracterizado a las políticas de búsqueda y atención a víctimas. México cuenta con un marco normativo que, al menos en el papel, reconoce ampliamente los derechos de quienes han sufrido violaciones graves a los derechos humanos. La Constitución, la Ley General de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y numerosos instrumentos internacionales establecen obligaciones claras para las autoridades. Sin embargo, la distancia entre esos derechos reconocidos y la realidad cotidiana de las familias sigue siendo enorme.
La experiencia de miles de víctimas demuestra que el acceso a la justicia continúa siendo lento, fragmentado y totalmente desigual. También demuestra que las instituciones creadas para acompañarlas suelen operar con recursos insuficientes frente a la magnitud del problema. Basta escuchar a los propios colectivos para advertir una queja recurrente: la falta de apoyos adecuados, la burocracia excesiva, los trámites interminables y la sensación de que, una vez terminada la fotografía oficial o la reunión protocolaria, las familias vuelven a quedarse solas frente a una tragedia que no termina nunca.
No ignoro que dentro de las instituciones existen personas comprometidas que realizan esfuerzos genuinos para atender a las víctimas. Sería injusto desconocerlo. Pero tampoco podemos ignorar que el sistema, en su conjunto, ha resultado claramente insuficiente. Cuando una madre debe financiar por sí misma una búsqueda, cuando un colectivo tiene que conseguir recursos para trasladarse a una diligencia o cuando las familias dependen de aportaciones ciudadanas para mantener viva una investigación, estamos frente a una evidencia difícil de refutar: las estructuras diseñadas para proteger a las víctimas no están respondiendo a la altura de la crisis que enfrentamos.
Es precisamente ahí donde entra la sociedad. Y es ahí donde considero que la declaración de la Secretaria de Gobernación adquiere una dimensión particularmente preocupante.
En cualquier democracia sana, la solidaridad con las víctimas debería ser vista como una virtud cívica. Cuando ciudadanos, organizaciones civiles, universidades, comunidades religiosas o fundaciones deciden acompañar a quienes atraviesan una situación de enorme vulnerabilidad, están realizando una contribución valiosa al tejido social. No están debilitando al Estado ni interfiriendo con sus funciones. Están intentando evitar que personas que ya han sufrido una tragedia, adicionalmente queden abandonadas.
La historia demuestra que los procesos de verdad, justicia y memoria rara vez son impulsados exclusivamente desde las instituciones. En América Latina existen numerosos ejemplos de ello. Los familiares de personas desaparecidas durante las dictaduras militares en Argentina y Chile lograron mantener viva la exigencia de verdad gracias a redes de solidaridad que trascendieron a los gobiernos de turno. En Colombia, organizaciones de víctimas, universidades, iglesias y organismos nacionales e internacionales desempeñaron un papel fundamental en la documentación de violaciones a los derechos humanos y en la construcción de mecanismos de justicia transicional. Lo mismo puede decirse de Guatemala, Bosnia y otros países que enfrentaron episodios masivos de violencia.
En todos esos casos, la solidaridad social no fue considerada una amenaza. Fue entendida como una condición indispensable para evitar el olvido.
Por eso me parece importante decirlo con claridad: apoyar a las víctimas no solamente es legítimo. Es deseable. Una sociedad democrática debería sentirse moralmente obligada a acompañar a quienes enfrentan situaciones tan devastadoras como la desaparición de un ser querido. La indiferencia frente al sufrimiento ajeno no fortalece a las instituciones; las debilita. Lo que fortalece a una democracia es la existencia de ciudadanos capaces de solidarizarse con quienes más necesitan apoyo.
Visto desde esa perspectiva, la pregunta sobre quién financió el traslado de algunas madres buscadoras resulta particularmente desafortunada. Porque corre el riesgo de colocar bajo sospecha algo que debería ser motivo de reconocimiento. Si una universidad presta un espacio para una reunión de familiares, si una organización aporta recursos para una diligencia de búsqueda, si una comunidad organiza una colecta o si ciudadanos comunes ayudan a una madre a trasladarse para exigir justicia, lo que estamos observando no es un problema democrático. Estamos observando una expresión de responsabilidad social frente a una tragedia que nos involucra a todos.
Más aún, la pregunta termina desplazando la atención desde donde realmente debería estar. Hay una diferencia enorme entre investigar quién ayudó a una víctima e investigar quién la victimizó. Hay una diferencia enorme entre rastrear el origen de unos recursos y rastrear el destino de una persona desaparecida. Hay una diferencia enorme entre concentrar la atención pública en quienes acompañan a las familias y concentrarla en quienes provocaron o permitieron la tragedia que esas familias enfrentan.
Esa diferencia no es menor. Las víctimas la perciben. La sociedad la percibe. Y quienes han dedicado años a buscar a sus seres queridos la perciben con especial claridad.
Quizá por eso tantas personas reaccionaron con indignación ante la declaración. No porque se opusieran a la transparencia o al cumplimiento de la ley, sino porque percibieron una desconexión preocupante entre las prioridades institucionales y las necesidades reales de quienes llevan años esperando respuestas. Cuando una madre sigue buscando a su hijo después de una década, cuando una familia continúa recorriendo fiscalías sin avances significativos o cuando un colectivo encuentra restos humanos que las autoridades no habían encontrado, resulta inevitable preguntarse si el foco está colocado donde debería estar.
A veces olvidamos que detrás de cada colectivo existe una historia profundamente personal. Detrás de cada fotografía que se levanta en una marcha existe una ausencia que transforma para siempre la vida de una familia. Detrás de cada madre buscadora existe una persona que no pidió convertirse en símbolo de nada. Lo único que pidió fue que su hijo regresara a casa. Y cuando eso no ocurrió, pidió que el Estado lo buscara. Y cuando tampoco ocurrió, salió a buscarlo ella misma.
Frente a una realidad tan dolorosa, la solidaridad no debería despertar sospechas. Debería despertar gratitud.
Porque si algo tendría que indignarnos no es que existan ciudadanos dispuestos a apoyar económicamente a las víctimas. Lo verdaderamente preocupante es que esa ayuda siga siendo necesaria. Lo preocupante es que miles de familias continúen dependiendo de colectas, donativos o aportaciones solidarias para realizar actividades vinculadas con la búsqueda de sus seres queridos. Lo preocupante es que, después de tantos años de crisis, sigamos observando cómo buena parte del esfuerzo por encontrar a los desaparecidos descansa sobre los hombros de quienes ya han pagado el precio más alto.
Las madres buscadoras no deberían tener que financiar búsquedas que corresponden al Estado. No deberían tener que preocuparse por conseguir recursos para trasladarse a una diligencia o para participar en una protesta. No deberían cargar simultáneamente con el dolor de la ausencia y con las dificultades materiales que implica buscar a quien falta.
Pero mientras esa realidad exista, la solidaridad social seguirá siendo indispensable. No porque sustituya las obligaciones del Estado, sino precisamente porque nos recuerda cuáles son esas obligaciones y cuánto falta para cumplirlas.
Por eso, en un país con una crisis de desapariciones de las dimensiones que enfrenta México, sigo pensando que la pregunta verdaderamente importante no es quién pagó el autobús.
La pregunta que las familias llevan años esperando que las autoridades respondan es mucho más sencilla y mucho más dolorosa.
¿Dónde están?
Doctora en Derecho y Magistrada de Circuito en retiro