Por Luis Elizondo Beldén

Madrid, 10 de agosto.- Cada dos minutos, en algún lugar del mundo, muere una mujer por complicaciones de embarazo, parto o puerperio. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 90% de las muertes son evitables. La mortalidad materna no es un enigma de la salud humana; es el reflejo de desigualdades estructurales en los sistemas de salud.

Pese a la limitada disponibilidad de datos desagregados, la evidencia apunta una tendencia clara: las mujeres indígenas enfrentan un riesgo desproporcionadamente mayor de morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto. El patrón global de desigualdad se replica en el caso de las muertes neonatales: los recién nacidos indígenas tienen aproximadamente el doble de riesgo de morir que el resto de la población. Más que un desafío médico, es un problema político. La discriminación comienza desde el nacimiento.

Este 9 de agosto se observa el Proclamado por la ONU en 1994, la fecha reclama derechos humanos y da visibilidad a las situaciones que enfrentan los más de 5,000 pueblos indígenas del planeta que reúnen al 6% de la población mundial. El tema de este año se centra en la invaluable labor de las parteras indígenas, mujeres en su mayoría, guardianas de la salud materno-infantil de las comunidades indígenas.

La relevancia de este reconocimiento no es simbólica. Sin las parteras indígenas, las tasas de mortalidad materno-neonatal serían mucho más altas. Las parteras indígenas son custodias y transmisoras de la medicina indígena y sus prácticas obstétricas. Conciben el cuidado desde una perspectiva integral en la que el bienestar físico, cultural, espiritual y comunitario constituye una unidad inseparable.

Su trabajo expresa el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, al vincular el alumbramiento con la salud, la cultura, el territorio y la continuidad de sus pueblos. Las parteras indígenas constituyen una defensa contra la vulneración de los derechos humanos de las mujeres indígenas al ser la primera y, en muchos casos, la única opción a la atención obstétrica digna y en su lengua.

Al brindar una atención respetuosa y culturalmente pertinente, las parteras protegen a las mujeres indígenas frente a prácticas de violencia obstétrica que aún persisten en numerosos centros de salud. Entre ellas se encuentran el trato discriminatorio e infantilizante, la desestimación de su dolor, las episiotomías y cesáreas injustificadas, la administración de medicamentos o sustancias sin su consentimiento libre e informado y la esterilización forzada.

Además, son aliadas naturales en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas indígenas. Están en la primera línea de la erradicación de prácticas violatorias como la mutilación genital femenina. Si bien la práctica es marginal en América Latina y el Caribe, Colombia acaba de aprobar una ley histórica para erradicar la ablación. La ley colombiana, primera en su tipo, es fruto del diálogo intercultural y el fortalecimiento de organizaciones y lideresas indígenas. La ley incorpora un enfoque integral que reconoce el papel de las parteras en la erradicación de la práctica.

Diversas iniciativas internacionales ya han comenzado a reconocer este papel. La cooperación iberoamericana de la Secretaría General Iberoamericana, por ejemplo, ha reconocido a las en las comunidades indígenas de Guatemala.

Pese a su invaluable labor, en muchos países la partería indígena carece del reconocimiento y del apoyo de los Estados. Es habitual que las parteras enfrenten la estigmatización y el menosprecio, en detrimento de la salud materno-infantil de sus comunidades. En casos extremos están expuestas a la persecución y criminalización.

Algunos países cuentan con un recorrido valioso en este reconocimiento. México recientemente dio un paso importante al habilitar a las parteras tradicionales para expedir certificados de nacimiento. La medida constituye tanto un reconocimiento a las parteras como una garantía del derecho de la niñez a la identidad.

La conmemoración de este Día Internacional pone de relieve la deuda pendiente que los Estados mantienen con las parteras indígenas: reconocer plenamente su labor, proteger sus derechos, fortalecer su autonomía, mejorar la recopilación de datos desagregados y construir puentes entre la medicina indígena y los sistemas nacionales de salud. Porque garantizar la salud materna de las mujeres indígenas también pasa por reconocer a quienes, desde hace generaciones, la han sostenido.

Técnico de cooperación de la Segib