Desapariciones en la Ciudad de México

Por José Luis Soto Espinosa

La Ciudad de México es origen de la desaparición forzada, del crimen que se acentúa cada vez más y que se oculta tras eufemismos. Esta es la historia oscura:

En la Ciudad de México hay al menos 6,127 personas desaparecidas y no localizadas de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

El primer registro data del año 1964, cinco años antes de lo que hasta hace poco era considerado el primer caso de desaparición forzada registrado a nivel nacional. Es el caso del profesor guerrerense, Epifanio Avilés Rojas, detenido-desaparecido el 19 de mayo de 1969.

Las desapariciones forzadas estuvieron asociadas a una política de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano durante más de tres décadas. Su objetivo era aniquilar a las disidencias estudiantiles, obreras, campesinas y populares a nivel nacional.

La Ciudad de México fue el epicentro de las desapariciones. Esta política se planificó e implementó desde instalaciones policiales, judiciales y militares alojadas en el entonces Distrito Federal. Algunos de estos lugares funcionaron como centros clandestinos de detención y tortura para personas detenidas de todo el país.

Sin embargo, el número de estos delitos en la capital del país no resulta tan significativo: De 1964 a 1990 se registraron 117 desapariciones forzadas en la capital, un promedio de 4.5 cada año. Lo atroz no es el número, es que desde ahí se construyó un crimen.

Los años noventa del siglo pasado fueron una década de transformaciones radicales para la Ciudad de México. En esa década apareció una fuerte agitación política que caracteriza a la capital del país.

Surgió una creciente democratización de su vida pública que hizo posible, en 1997, que los capitalinos eligiéramos a nuestros representantes locales. También permitió que la izquierda electoral llegara al poder.

Durante los años noventa se registraron 34 casos de personas desaparecidas, que, sin ser una cifra menor, deja ver los retos y las necesidades de un cambio en la estrategia de gobierno y seguridad que se impulsaba en la ciudad.

Comenzando el nuevo milenio, los casos de personas desaparecidas y no localizadas en el entonces Distrito Federal rondaron entre los 5 y 8 registros por año hasta el 2008. En 201’9 presentaron un repunte de 74 casos, un año después 47 registros y en 2011 se documentaron 210 casos, cifra que casi duplicó el total de casos presentados desde 1964.

Si bien los datos revelan una leve disminución de este fenómeno de 2012 a 2018, con un promedio 65 reportes anuales, a partir de 2019 los casos de personas desaparecidas y no localizadas en la Ciudad de México se cuentan por centenares: 525 casos en 2019, 798 personas desaparecidas en 2023 y 551 casos en lo que va de 2026.

Este cambio puede explicarse, parcialmente, por las reformas en la normatividad y en mayor eficiencia en la construcción de los registros.

Sin embargo, las causas detrás de las desapariciones son variadas y están asociadas a la presencia de grupos criminales, redes de trata de personas y explotación sexual, violencia de género, reclutamiento forzado y en algunos casos, a la implementación de una estrategia punitiva de seguridad.

En 2019 se crearon instituciones como la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que desde el año pasado cuenta con un nuevo equipo de especialistas que miran al pasado para entender cómo llegamos a la crisis de desapariciones que enfrenta hoy la ciudad.

Porque para comprender el reclamo de los colectivos de familiares que salieron a protestar en las últimas semanas, y dimensionar la magnitud de esta crisis, no basta con compararnos con las experiencias de otros estados. Es necesario mirar atrás, hacer memoria y comenzar a reflexionar por qué se registran más desapariciones en un año que en tres décadas de violencia de Estado.

Comenzar a solucionar esta problemática implica reconstruir los puentes de diálogo, y analizar cómo este reto, que parece nuevo en la historia reciente de la Ciudad de México, está anclado a su historia política, dinámica económica y papel estratégico que le toca jugar como capital de un país marcado por la violencia y la impunidad.

Director de Casa Refugio de la Memoria