Por Arturo Ortiz Vázquez
La capacitación de las fuerzas policiales en México enfrenta serios retos: estándares formativos bajos, recursos insuficientes y falta de homologación real entre estados.
En el país, la calidad de la capacitación policial varía notablemente entre estados y municipios. Si bien la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece lineamientos básicos para la formación inicial y continua, en la práctica muchas corporaciones no cumplen con los estándares mínimos.
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Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para 2024 solo el 60% de los policías contaban con el Certificado Único Policial (CUP), documento que acredita la aprobación de controles de confianza, formación inicial y evaluación de desempeño. Esto implica que más de 140 mil elementos operan sin acreditar formalmente su preparación, lo que representa un riesgo para la legalidad y eficacia del sistema.
De manera simultánea, uno de los principales obstáculos es la falta de inversión. De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024, el 57% de los municipios reportan que sus centros de formación policial operan con infraestructura deficiente, equipo obsoleto y escasez de instructores calificados. En promedio, el gasto estatal en capacitación representa menos del 1.5% del presupuesto total destinado a seguridad pública.
A esto se suma la alta rotación de elementos: en algunas entidades, hasta el 30% del personal operativo cambia cada año, lo que impide dar continuidad y seguimiento a la capacitación.
En algunos estados, la formación se limita a unas pocas semanas, sin prácticas ni simulaciones reales. Por ejemplo, en al menos 12 entidades federativas, el curso de formación inicial tiene una duración inferior a las 480 horas recomendadas por el SESNSP.
Asimismo, expertos advierten que otro problema crítico es la falta de capacitación en derechos humanos, resolución pacífica de conflictos y uso de técnicas no letales. Aunque estos temas forman parte del currículo oficial, su aplicación en el aula y en campo es limitada o inexistente en muchas regiones. Según la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP), solo el 42% de los policías ha recibido formación específica en derechos humanos en los últimos dos años.
Con frecuencia, el enfoque recae en el uso de la fuerza y el adiestramiento físico, dejando de lado habilidades esenciales como la mediación comunitaria, el manejo de crisis y la inteligencia preventiva. Apenas el 28% de las academias policiales cuenta con módulos especializados en prevención del delito y trabajo comunitario.
Existen, sin embargo, modelos a seguir. Estados como Querétaro y Nuevo León son reconocidos por sus programas de formación integral, colaboración internacional y seguimiento académico. En Querétaro, por ejemplo, el Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial ha logrado certificar al 95% de sus elementos activos, mientras que Nuevo León mantiene convenios con universidades y organismos internacionales para fortalecer la profesionalización.
No obstante, estos casos representan la excepción en un sistema que, en su mayoría, se encuentra rezagado y sin una estrategia uniforme a nivel nacional.
En suma, la capacitación policial en México representa un desafío clave para fortalecer la seguridad pública y la confianza ciudadana. Mientras no exista una inversión equitativa, sostenida y estratégica en la profesionalización de los cuerpos de seguridad, el país enfrentará deficiencias estructurales que afectan directamente la capacidad de prevenir el delito y proteger los derechos humanos.
