Aplauso de pie para los valerosos consejeros del Instituto Nacional Electoral que impidieron que se llame al actual régimen narcogobierno y a Morena narcopartido; la Patria tendrá que reconocerles siempre su valor, congruencia e independencia.

El INE impidió que se siguiera esparciendo por el país y el mundo la falaz versión de que en este país los cárteles del narcotráfico quitan y ponen gobernantes y que sostienen con ellos pactos inconfesables.

Existen versiones poco creíbles, pero la de un narcogobierno y un narcopartido es, simplemente, demencial, inconcebible, irreal.

Como dijera una clásica “pruebas, pruebas”. Pero por más que la derecha mexicana y estadounidense busquen esas evidencias, jamás las podrán encontrar, pues estamos frente a una inverosímil acusación, ante una campaña de desprestigio en contra de un gobierno de izquierda moderna y humanista, como lo es el de la Cuarta Transformación.

El hecho de que un gobernador, como Rubén Rocha, hoy con licencia, esté acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber llegado al poder con el apoyo del narcotráfico y de sostener una relación con el cártel de Sinaloa, no es como para decir que hay un narcogobierno y que al buen Rocha Moya lo postuló un narcopartido.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, y el exvicefiscal general de la Fiscalía General del Estado (FGE), Dámaso Castro. Fotos: Facebook y Archivo / EL UNIVERSAL
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, y el exvicefiscal general de la Fiscalía General del Estado (FGE), Dámaso Castro. Fotos: Facebook y Archivo / EL UNIVERSAL

Tampoco se puede hablar de narcogobierno solo por el hecho de que un senador de la República, Enrique Inzunza, esté señalado de nexos con el crimen organizado. Un narcolegislador no convierte a un país en una narcocracia.

No porque un alcalde de Morena, como Diego Rivera, quien gobernaba el municipio de Tequila, Jalisco, fuera el jefe de la extorsión en esa localidad y que sostuviera vínculos con el crimen organizado, se puede hablar de narcomunicipios controlados por cárteles.

Y si el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, resultó ser, al mismo tiempo, jefe del grupo criminal “La Barredora”, dedicado al tráfico de drogas y al robo y comercio de combustibles, es decir, al huachicoleo, con la complacencia de su jefe, el entonces gobernador y hoy senador por Morena Adán Augusto López, no quiere decir que Tabasco sea un edén en el que operaba un narcogobierno.

Luego de revelarse el caso de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, es señalado de dirigir dicho grupo criminal. El Abuelo o El Comandante H fue detenido en Paraguay en septiembre y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano. Foto: EFE
Luego de revelarse el caso de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, es señalado de dirigir dicho grupo criminal. El Abuelo o El Comandante H fue detenido en Paraguay en septiembre y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano. Foto: EFE

Tampoco es correcto hablar de un narcogobierno, solo por el hecho de que hoy en día los cárteles han montado sus propias refinerías, perdón, son centros ilícitos de procesamiento de combustibles, capaces de producir hidrocarburos a partir del petróleo crudo robado a Pemex. Estas minirefinerías, o como el gobierno las llama, “centros de procesamiento ilícito de combustibles”, son solo un negocio más del crimen organizado, pero eso no quiere decir que solo porque hayan sido instalados y produjeran millones de litros de hidrocarburos sin ser detectadas, signifique que un narcogobierno haya permitido la operación de estas instalaciones.

Si altos mandos de la Marina y funcionaros de la Agencia Nacional de Aduanas hicieron acuerdos con empresas formalmente constituidas y grupos del crimen organizado para crear un negocio ilegal de robo y contrabando de combustibles, que generó un daño al país, según datos oficiales, por 600 mil millones de pesos, no quiere decir que el crimen se haya logrado enquistar en las instituciones, y menos, que se pueda hablar de un narcogobierno.

Gobernadores, alcaldes, legisladores, marinos, soldados, guardias nacionales, elementos de aduanas, jueces, empresarios, todos en la nómina de los cárteles no permite sostener que estemos frente a un narcogobierno. Frente a lo que sí estamos es a una campaña de la ultraderecha que magnifica pequeños hechos aislados de corrupción y de colaboración con el crimen organizado para presentarlo como un fenómeno que amenaza la democracia y pregonar que el crimen organizado gobierna el país.

Si no se tratara de un complot de la ultraderecha contra la Cuarta Trasformación, sería un asunto de risa. Narcogobierno ja, ja, ja.

ME CANSO GANSO. - En otros tiempos, José López Portillo dijo: No pago para que me peguen. Hoy todo ha cambiado, la trasformación ha llegado al país y ahora la política de comunicación es “pago para que no me peguen”. Eso, y no vaciladas, es la Cuarta Transformación.

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