Paz decidió, a diferencia de otros autores de renombre, que su acervo permaneciera en nuestro país. Las consecuencias confirman que cometió un craso error.
El pasado 19 de abril se cumplieron 28 años del fallecimiento de Octavio Paz, único mexicano ganador del Premio Nobel de Literatura. María José Tramini, su viuda y heredera, murió hace ya casi ocho años. A pesar del tiempo que ha pasado, todavía no es posible consultar el rico archivo del poeta, aun cuando ya se cumplió en exceso su cláusula testamentaria que obligaba a mantenerlo restringido hasta que no pasaran 25 años tras su deceso.
Como ya se ha repetido, Paz en su testamento estipuló que el titular de su archivo sería El Colegio Nacional, institución que se encargaría de difundirlo. Pese a esta rotunda disposición, el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia de la Ciudad de México, heredero en la sucesión intestamentaria de María José, retiene sin justificación uno de los acervos literarios más importantes de Iberoamérica.
Uno de los argumentos que esgrime el DIF para no entregar el archivo es que la catalogación, restauración y digitalización de este no ha terminado, lo que llama la atención porque el lapso transcurrido parece suficiente para culminar esta labor. Hay quien podría pensar que esto tal vez se deba al gran volumen documental, sin embargo, hay un caso similar que concluyó con resultados distintos: el acervo de Carlos Fuentes.
Desde 1995, Fuentes vendió su documentación personal a la biblioteca de la Princeton University y ordenó que se abriera completamente dos años después de que falleciera. Y así fue, el día 16 de mayo de 2014, la universidad estadounidense permitió la revisión de toda su colección, que contiene cuadernos, manuscritos, dibujos, fotografías, casetes con audio y video, apuntes y correspondencia con personajes como Albert Camus, Carmen Balcells y el mismo Octavio Paz.
Este contraste es revelador. Paz decidió, a diferencia de otros autores de renombre, que su acervo permaneciera en nuestro país. Las consecuencias confirman que cometió un craso error y demuestran, una vez más, el deficiente manejo y protección documental que existe en México, que es justamente la causa por la que Juan García Ponce, Rodolfo Usigli, Jorge Ibargüengoitia, Salvador Elizondo, Alejandro Rossi e incluso Elena Garro, entre otros, enajenaron sus papeles a instituciones extranjeras.
En su columna semanal, Enrique Krauze dio a conocer que, aunque El Colegio Nacional está preparado para concretar la última voluntad de uno de sus más distinguidos miembros, esto no ha sucedido porque no se ha llegado a un acuerdo con el DIF, ya que éste intenta conservar el archivo bajo la incorrecta premisa de que es el propietario, lo que detonó un conflicto judicial que no se ve próximo a concluir, por más que las primeras instancias le han dado la razón a El Colegio Nacional. A pesar de esto, la beneficencia pública local mantiene la secrecía del lugar donde se encuentra el acervo, ha difundido ya algunos materiales como cartas, fotos y cuadros, y restringe de manera absoluta incluso el análisis de algunos de los libros del poeta.
Hace unos días se difundieron los planes gubernamentales sobre el futuro destino del archivo de Elena Poniatowska —quien siempre ha manifestado su admiración por la obra del poeta—, trabajo que se está haciendo con el consentimiento de ella y que busca darle la mayor protección posible. Ojalá esta iniciativa alcance también para cumplir con lo que ordenó claramente Paz en su testamento, se entregue lo que le corresponde a El Colegio Nacional y se permita ya su libre consulta a los investigadores interesados.
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