La semana pasada, durante su conferencia ante medios, la presidenta Sheinbaum explicó cómo López Obrador realizó sus proyectos más ambiciosos: el Tren Maya, el Interoceánico, la refinería Olmeca y los programas del Bienestar sin incrementar los impuestos. Lo logró, dijo, gracias a un programa de austeridad, de combate a la corrupción y de evitar la condonación de impuestos. Un discurso engañoso porque nada de eso ocurrió. Tengo otros datos.
Mientras el Presidente desplegaba un pañuelo blanco para anunciar que se había acabado la corrupción “de los de arriba”, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Latinus y otros organismos de la sociedad civil exhibían el manejo real de la cosa pública: el otorgamiento de contratos y concesiones con sobreprecios de escándalo y sin cumplir con lo que establecen la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones; los beneficiarios eran miembros de la nueva clase gobernante, los hijos de Andrés Manuel y los amigos de sus hijos, un enriquecimiento solo explicable a partir del tráfico de influencias, mientras la seguridad nacional se esgrimía una y otra vez como argumento último para esconder los malos manejos.
El caso Segalmex —un desfalco a la nación superior a La Estafa Maestra— concluyó en impunidad: nunca fue tocado Ignacio Ovalle, su director; y apenas concluida la administración de López Obrador se conoció el robo más grande a las finanzas públicas: el huachicol fiscal operado por altos mandos de la Secretaría de la Marina, entre ellos, dos sobrinos del secretario Rafael Ojeda. Ni siquiera la divulgación de un audio en el que el titular de la Marina proponía echarle tierra al asunto llevó a investigarlo y quienes se atrevieron a denunciar fueron asesinados o murieron en extraños “accidentes”.
Por otra parte, la supuesta austeridad gubernamental resultó también una farsa: López Obrador renunció a vivir en la residencia presidencial de Los Pinos y prefirió hospedarse en el boato del Palacio Nacional, viajaba en vuelos comerciales, pero miembros de su equipo lo seguían en aviones del Ejército; no compraban nuevos vehículos, pero los rentaba en condiciones inadmisibles.
Para financiar sus proyectos fantasiosos, López Obrador desapareció instituciones (ProMéxico, el Consejo de Promoción Turística y el Instituto de los Emprendedores) lo que le permitió destinar esos recursos a las nuevas prioridades, pero no le alcanzó. Entonces ordenó una política draconiana en la administración pública y como tampoco le alcanzó, lo siguiente fue ordenarle al SAT que apretara a los grandes contribuyentes, la amenaza de cárcel funcionó: se lograron captaciones extraordinarias que tampoco fueron suficientes.
Lo siguiente fue irse sobre los “guardaditos” que dejaron las administraciones neoliberales y suprimir más de cien fideicomisos. Los ahorros de esos “guardaditos” (más de 130 mil millones de pesos) fueron reasignados a las prioridades presidenciales.
Lo último fue quitarle recursos a otras prioridades sociales (la educación, la salud, la infraestructura) y como tampoco alcanza, recurrió a incrementar brutalmente la deuda pública. Y todos esos malabares para financiar programas asistenciales y proyectos fantasiosos, improductivos, pero ese tendrá que ser tema para otro texto.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.