El gobierno federal ha optado por la simulación antes que decidirse a extirpar las redes criminales que desde hace décadas imponen su ley en Sinaloa; ha optado por mantener el status quo: darle una retocada a las fachadas institucionales para permitir que el cartel de Sinaloa en sus dos fracciones siga manteniendo el control del estado. La solución, desde la perspectiva del gobierno federal, reside en el gatopardismo: que cambie para seguir igual.

Nada se ha alterado desde la nueva licencia de Rubén Rocha. La gobernadora interina Graciela Domínguez Nava se desempeña en la misma ciudad y con la misma gente, los personeros de los chapitos mantienen sus puestos y lo mismo ocurre en el congreso del estado y el poder judicial.

Pero a pesar del desastre social, moral y económico que vive la entidad, distintos estudios demoscópicos muestran que aunque declinante, el partido Morena —el mismo que pactó con el cártel en 2021 y quizás antes— mantiene niveles de aceptación que parecen anticipar un nuevo triunfo en las elecciones del año próximo. Por distintas razones —de manera importante por las pensiones sociales— el grueso de los sinaloenses parece resignado a que regrese la pax narca.

Las cifras de la violencia: más de 3 mil caídos en la guerra entre mayos y chapitos, 3,600 desaparecidos y más de 2,500 detenciones por delitos de alto impacto, permiten asomarse al tamaño de las milicias, verdaderos ejércitos, de una y otra fracción del cartel del Pacífico.

¿En cuántas familias de Sinaloa uno o varios de sus integrantes militan en una fracción o forman parte de las redes sociales o empresariales de apoyo al cártel? Y mientras tanto, el gobierno federal renuncia a ejercer su poder porque aun teniendo suficientes recursos humanos, bélicos y tecnológicos no tiene la inteligencia estratégica ni la voluntad política que les permita restablecer el orden. Sinaloa es el estado de Manuel Clouthier Maquío, un mexicano valiente y lúcido como muchos otros sinaloenses, pero hoy padece una falta de liderazgos del tamaño de los retos.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) está pasmada, como ocurre tratándose del senador a Adán Augusto López, del almirante Rafael Ojeda, de Amílcar Olán, el amigo de los muchachos López Beltrán, o de ellos mismos, ha decidido adoptar el indigno papel de “tapadera”.

Lo único que perturba al gobierno federal es el Gran Hermano que desde Estados Unidos no quita el dedo del renglón. La denuncia de Donald Trump este martes desde la mayor tribuna planetaria es brutal: “México es el epicentro de la violencia de los cárteles”. El discurso soberanista de la Presidenta simplemente oculta su resistencia a tomar las decisiones que se requieren: mantiene la protección a Rubén Rocha, a Enrique Inzunza y a otros señalados al tiempo que acusa al injerencismo extranjero por la descomposición en Sinaloa.

Al final parece que Rubén Rocha Moya tenía razón cuando decía que no se podía gobernar Sinaloa sin un acuerdo con los narcos.

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. @alfonsozarate

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