Las democracias no se prueban en la calma. Se prueban en el filo. José Luis Lamadrid Sauza, uno de los politólogos mexicanos más lúcidos de su generación, lo advirtió con precisión quirúrgica: las instituciones públicas deben ser diseñadas para funcionar en situaciones límite, es decir, en condiciones de máxima complejidad política, social y jurídica. Dotarlas de mecanismos adecuados para esos escenarios extremos es indispensable. Pero no es suficiente.

Esa advertencia, pronunciada en otro contexto, adquiere hoy una vigencia que estremece.

México no enfrenta únicamente el desafío de unas elecciones intermedias en 2027 ni el de una renovación presidencial en 2030. Enfrenta algo cualitativamente distinto y mucho más grave: la posibilidad —no ya la hipótesis— de que el poder en turno no acate los resultados electorales, los impugne, los manipule o simplemente los ignore.

Y eso cambia todo.

Lo que hoy controla el Estado mexicano no es un partido político con orientación populista. Es una coalición de poder que ha desmantelado, de manera sistemática y deliberada, los aparatos del Estado y creado alianzas con el crimen organizado. Una narcodictadura que ha colonizado las fuerzas de seguridad, permeado al Poder Judicial —ahora subordinado tras la reciente reforma— y utilizado el andamiaje electoral como instrumento de legitimación, no como mecanismo de competencia real.

Este diagnóstico no es una metáfora ni una exageración retórica. Es la descripción funcional de un sistema en el que las decisiones sobre territorios, recursos y personas se adoptan en una intersección opaca entre el gobierno y el narcotráfico. Un sistema donde la violencia no es una falla, sino un instrumento de gobernanza.

Ante ese sistema, las lecciones de Perú y Colombia —donde organismos electorales técnicos y líderes con sentido institucional permitieron absorber resultados ajustados— son insuficientes como guía. México no enfrenta una democracia imperfecta. Enfrenta un régimen que usa la forma democrática para vaciar la democracia de contenido.

Rediseñar la arquitectura institucional —o crear las estructuras paralelas que la complementen— es el trabajo político más urgente que tiene México por delante. Y ese trabajo no lo hace nadie solo.

Las democracias no sobreviven únicamente gracias al voto. Sobreviven gracias a instituciones con músculo, liderazgos con coraje y ciudadanos que entienden que la democracia no es un estado natural de las cosas, sino una conquista que se defiende todos los días.

Lo que hace especialmente difícil la situación de México es que el enemigo de la democracia no está afuera. Está adentro. Ha aprendido a hablar en nombre del pueblo mientras socava las estructuras que hacen posible que el pueblo decida.

México todavía tiene tiempo. Pero ese tiempo no es infinito.

2027 y 2030 están más cerca de lo que parece. Y ninguna institución, por sólida que sea, funcionará bien en una situación límite si nadie la preparó para eso. El momento de preparar es ahora.

Presidente Nacional del PRI

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