Ganar el juicio desde la narrativa

La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel por presunto huachicol fiscal no es solo un expediente judicial; es, ante todo, un campo de batalla narrativo. Antes de que un juez dicte sentencia, dos relatos ya compiten por instalarse en la opinión pública, la del gobierno, que pregona una justicia ciega y sin distingos partidistas; y el de alguna parte de la oposición, que denuncia una persecución política. Ganar esta guerra narrativa puede pesar tanto, como ganar el veredicto en los tribunales.

El concepto de framing o encuadre, acuñado por el teórico Robert Entman, define con precisión lo que está en juego; seleccionar deliberadamente ciertos fragmentos de la realidad y volverlos más visibles que otros para imponer una definición específica del problema, una causa y, sobre todo, un juicio moral.

En el caso Ruffo, el gobierno eligió el marco de la justicia dispareja pero pareja; argumenta que la militancia es irrelevante si existen pruebas. Por su parte, Somos México, el partido que capitaliza la defensa del exgobernador, al cual le dan la bienvenida política con este escándalo, activó el marco opuesto: la detención como un instrumento de acoso estatal contra una fuerza política que apenas despega. Ninguno de los dos encuadres es casual; ambos son estrategia.

El error que ambos bandos cometen es un vicio recurrente en la comunicación de crisis en México; es decir se instala la narrativa antes de que se demuestre la evidencia.

Timothy Coombs advierte que forzar una versión sin sustento fáctico o reprimir los símbolos contrarios solo amplifica el conflicto en lugar de resolverlo. Si el gobierno se apresura a sobrexplotar la captura como un trofeo político antes de que la Fiscalía consolide el expediente, corre el riesgo de que cualquier traspié procedimental confirme, paradójicamente, la narrativa de persecución que sustentan sus adversarios.

Y si la oposición insiste en sobre resaltar cacería política sin aportar indicios de dicha selectividad, se condena a la irrelevancia de una táctica repetitiva, desgastando la denuncia social como elemento maestro, sin en realidad serlo.

Aquí aflora una deficiencia estructural de la comunicación institucional; es decir, la ausencia del hecho que se pueda evidenciar. A diferencia de otros sistemas en donde las narrativas gubernamentales se sostienen en pruebas de realidad inmediatas, informes técnicos, documentos sustentados o filtraciones controladas con datos duros; en México solemos comunicar la conclusión antes que la evidencia. Se anuncia el desenlace mientras la instrucción del proceso apenas comienza.

Esta impaciencia narrativa es la que alimenta la sospecha de fabricación en la cual se sustenta la oposición y se desarrolla la percepción de una justicia solamente administrada desde el poder con calendario electoral.

La paradoja es que ambos actores tienen la oportunidad de elevar el nivel del debate. El gobierno ganaría verdadera credibilidad mostrando la solidez del expediente en lugar de espectacularizar la detención. La oposición ganaría autoridad moral documentando el patrón de acoso, si es que existe, en vez de activar el victimismo en automático cada vez que un correligionario enfrenta a la justicia.

La pereza narrativa, esa que lo apuesta todo a la consigna y nada a la prueba, es un síntoma de viejas técnicas de comunicación, repetir lo que funcionó ayer, ignorando que una audiencia saturada y desconfiada exige certezas, no discursos viejos y ya de por sí, gastados.

El caso Ruffo se resolverá tarde o temprano en los tribunales bajo la aplicación de la ley. Pero la batalla paralela, la de instalar el enfoque correcto en la mente de los ciudadanos, se decide ya en la arena pública. En esa cancha, quien confunda la urgencia de declarar con la disciplina de demostrar con evidencias, habrá perdido la causa mucho antes de escuchar la sentencia.

Socio fundador de REDCE Comunicación, especialista en Relaciones Públicas y Comunicación de Crisis.