Ratifican censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores; ordena supervisión permanente

Para evitar que el periodista campechano Jorge González emita expresiones consideradas ofensivas contra la gobernadora de esa entidad Layda Sansores San Román, este viernes la jueza Guadalupe Martínez Taboada ordenó que el comunicador sea supervisado de manera permanente por la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

“La jueza Martínez Taboada sigue empecinada en violar las garantías constitucionales y los derechos humanos, al mantener la previa censura e insistir en que un miembro de la Unidad de Medidas Cautelares de la secretaría de protección y seguridad ciudadana esté pendiente de mis expresiones, reuniones y con quienes me entrevisto”, señala el periodista de 71 años.

Hoy, se realizó en ese estado la audiencia de revisión de medida cautelar contra la Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., operadora del medio Tribuna, proceso en el que también se encuentra señalado González Valdez.

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Gobernadora de Campeche Layda Sansores San Román. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Respecto a Organización Editorial del Sureste, se determinó que no se revele el nombre del responsable de redes sociales. Sin embargo, la organización quedó obligada a enviar, de manera simultánea a su publicación, todas las notas que mencionen a Sansores San Román.

Dicho material será revisado por el área de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, que definirá si procede o no alguna sanción, pese a no contar con criterios periodísticos.

Para Jorge González, esta resolución sigue siendo un acto de censura que contraviene los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, que garantizan la libertad de expresión y la prohibición de la censura previa, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide restricciones indirectas al ejercicio de la prensa. Con estas medidas, se fortalece el control sobre la información y se restringe el derecho de la sociedad a conocer críticas y opiniones sobre el actuar de la gobernadora de Campeche.

“Estas medidas de coerción sólo buscan silenciar y dar la señal de otros comunicadores de los riesgos a que se exponen si se refieren por cualquier motivo a la señora Sansores”, menciona González.

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