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La resolución de la ONU en la que reconoce la violación a los derechos humanos de la periodista mexicana Lydia Cacho es un precedente para establecer criterios que eviten la penalización de periodistas, indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Recordó que en su momento emitió la recomendación 16/2009 a los entonces gobernadores de Puebla y Quintana Roo, al advertir una serie de violaciones a los derechos humanos de la periodista.
“La CNDH se ha pronunciado en distintos momentos por la despenalización de los delitos contra el honor, [difamación, calumnias e injurias], o aquellos que puedan ser utilizados en contra de quien ejerce la libertad de expresión”.
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En Campeche, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Zacatecas aún existen tipos penales que se usan en contra de periodistas o activistas que en ejercicio de su libertad de expresión señalan la mala actuación de servidores públicos. “La acción de organizaciones de la sociedad civil que realizan litigio estratégico ante los organismos y tribunales internacionales, así como las resoluciones que determinan la responsabilidad del Estado deben ser parte de la normalidad democrática”, subrayó.
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