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La ofensiva institucional desplegada por la FGR y el gobierno de México contra el exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, es una maniobra estrictamente mediática y carente de efectos vinculantes, que busca blindar políticamente a la 4T de posibles señalamientos por parte del exdiplomático.
Así lo afirmaron los expertos internacionalistas Adolfo Laborde y Manuel Quijano, quienes coincidieron en que el uso del aparato de justicia busca contener los daños de cara a la revisión del T-MEC y proteger la narrativa de la 4T.
A pesar de que la FGR abrió carpetas de investigación acusando al exdiplomático de violar la soberanía y faltar a la “buena fe”, por presuntamente mentir sobre la intervención estadounidense en territorio mexicano para capturar a El Mayo, los expertos recordaron que la inmunidad diplomática de la Convención de Viena inutiliza cualquier acción penal contra Ken Salazar.
“La demanda, pues no tiene ningún efecto vinculante. Entonces, lo que quiere decir es que es una estrategia mediática del gobierno de México”, declaró el doctor Laborde a EL UNIVERSAL.
El doctor Manuel Quijano coincidió en que la acción ministerial carece de sustento en el derecho internacional debido al estatus del exfuncionario y la naturaleza del diferendo.
“Esto no tiene nada. Es diplomático, ya pasó su cargo. Además, Salazar es norteamericano y en Estados Unidos no va a ser juzgado por su libro, por su libertad de prensa. Sí fue el representante del Estado norteamericano, pero hoy puede apelar a la Constitución norteamericana en términos de libertad de prensa y va a ganar. No tiene ninguna consecuencia”.
Ambos explicaron que el verdadero objetivo es levantar un cerco defensivo frente a futuras revelaciones de las agencias estadounidenses sobre los vínculos del narcotráfico con la política mexicana.
Laborde fue enfático al señalar las motivaciones políticas detrás del pleito: “Es defender el honor, defender el estatus quo político y evitar que esto toque a más gente de la Cuarta Transformación, incluidos funcionarios, gobernadores, operadores políticos, gente de gobierno. Es una es una estrategia de blindaje político”.
Los especialistas apuntaron que este choque ocurre en un entorno ríspido por la renegociación del acuerdo comercial de América del Norte.
“Es parte también de la negativa de Estados Unidos a renovar el T-MEC. Entonces, ya no tenemos mucho que perder porque ya perdimos ¿no?”, acotó Laborde.
Aunque desestimaron la ruta legal de la FGR, ambos coincidieron en que el comportamiento de Salazar dinamitó las reglas más elementales de las relaciones exteriores, lo que sepultará su carrera como diplomático, pero no como político.
Al ser cuestionados sobre el paralelismo con Carlos Pascual —el embajador estadounidense forzado a renunciar en 2011 tras filtrarse cables críticos de WikiLeaks sobre la guerra contra el narco de Felipe Calderón—, los analistas marcaron una distancia abismal.
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