El Consejo General del Instituto Nacional Electoral () se alista para discutir una nueva propuesta de fiscalización para el proceso electoral 2026-2027, con la que buscará meter en cintura a los partidos políticos que ya arrancaron sus procesos internos de selección de candidaturas, bajo figuras creadas de manera interna que esconden esa intención, para justificar que no son actos fuera de la ley.

La única restricción que por ahora tienen los aspirantes a obtener candidaturas de partidos políticos para no llevar a cabo lo que se consideran actos anticipados de campaña es llamar al voto por ellos mismos, según las resoluciones tomadas en 2023 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Lo que ha ocurrido con la resolución del Tribunal Electoral –actor muy importante que fue el autor del problema— de que si no pides el voto no cometes actos de precampaña, pues permite que todo esto de promover la soberanía nacional y promover la cuarta transformación, pues se vale, es una interpretación equivocada, pero existe el engaño”, explicó Luis Carlos Ugalde.

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Ante ello, el está trabajando una propuesta de lineamientos que busca que los aspirantes internos de cada partido deben informar al INE del origen y destino del dinero con el que lleven a cabo estas asambleas o eventos para posicionar su figura a nivel partido y, de no hacerlo, podrían perder la candidatura.

Contrario a la primera propuesta, hecha por el consejero Arturo Castillo, donde se proponía que los gastos que generen los aspirantes en este periodo de competencia interna se sumaran al tope de campaña una vez que sean candidatos, así que, de rebasarlo, perderían el triunfo.

La propuesta que se espera el INE pueda discutir en el Consejo General próximamente incluye que los gastos que se generen en este periodo de selección se le carguen directamente a los partidos políticos como gastos ordinarios, pero con un tope: 3 millones a actividades de los aspirantes y 800 mil a actividades con militantes.

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La propuesta hecha en un inicio por el consejero Jorge Montaño se ha perfeccionado con mesas de trabajo entre las otras consejerías y reuniones con partidos políticos. Así se pasó de un documento que solo contemplaba a aspirantes a gobernadores a uno que incluye todos los cargos.

La nueva propuesta también incluye que el INE pueda enviar representantes a los actos públicos que encabecen los aspirantes conocidos como “coordinadores” y “defensores”, según cada fuerza política; con el fin de corroborar que no están llamando al voto a favor de ellos mucho antes del inicio del proceso de precampañas.

Además, la propuesta exige a los servidores públicos aspirantes que no se hayan separado del cargo a no usar recursos públicos para dichos eventos y a presentar un informe de sus gastos para garantizarlo. Ahora también se suma la regulación del uso de la Inteligencia Artificial.

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Arturo Castillo, consejero del INE, aseguró que, aunque la propuesta es más laxa que la presentada por ella, sí la acompañaría, pues es importante regular de una vez por todas estos actos de proceso interno de cada partido.

“Por supuesto que lo acompañaría, me parece que es idéntico al que yo propuse con algunas adiciones que creo que son importantes, por ejemplo, regular cuestiones de inteligencia artificial o de uso de inteligencia artificial, que creo que sí irrelevante y que mi propuesta en su momento no tenía. De presentarse este nuevo documento, yo sí la acompañaría”, adelantó para .

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