Supremo de EU avala despidos en área de Educación

Washington.— La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde ayer al presidente Donald Trump para reanudar el desmantelamiento del Departamento de Educación.

En un dictamen sin firma, el tribunal de mayoría conservadora levantó una suspensión impuesta por un juez federal sobre los despidos masivos en el departamento y que afectarán a casi mil 400 empleados. Las tres juezas liberales disintieron.

Trump prometió durante su campaña electoral eliminar el Departamento de Educación, creado en 1979 por el Congreso. En marzo tomó medidas para reducir su personal en casi la mitad. Alrededor de 20 estados se unieron a los sindicatos para impugnar la medida en los tribunales. Argumentan que el presidente republicano viola el principio de separación de poderes al invadir las prerrogativas del Congreso.

En mayo, el juez de distrito Myong Joun ordenó la reintegración de cientos de empleados despedidos del Departamento de Educación.

La Corte Suprema levantó la orden del juez sin explicación, sólo días después de otro fallo que allanó el camino para que Trump lleve a cabo despidos masivos de funcionarios en otros departamentos.

La jueza progresista de la Corte Suprema Sonia Sotomayor, junto con sus colegas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, estimaron que “sólo el Congreso tiene el poder de abolir el Departamento”.

Sotomayor recalcó que “la mayoría ignora ciegamente las implicaciones de su fallo o es ingenua, pero de cualquier manera la amenaza a la separación de poderes de nuestra Constitución es grave”.

Tradicionalmente el gobierno federal ha tenido un papel limitado en la educación en Estados Unidos. Alrededor de 13% de la financiación de los centros de enseñanza primaria y secundaria proviene de las arcas federales, el resto lo aportan los estados y las comunidades locales. Pero la financiación federal es esencial para los colegios con pocos ingresos y los estudiantes con necesidades especiales.

Ayer mismo, 24 estados demócratas y el Distrito de Columbia demandaron al gobierno de Trump por congelar “abruptamente” miles de millones de dólares en subvenciones educativas. Encabezada por California, la querella legal argumenta que la administración Trump ha violado la Constitución y varias leyes federales al suspender 6 mil millones de dólares en fondos asignados a los programas extraescolares, que incluyen clases de inglés para inmigrantes, entre otros.