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Miami.— Estados Unidos llega al 4 de julio de 2026 celebrando su independencia sobre los británicos, a 250 años de distancia, con una promesa incumplida de igualdad. La Declaración de Independencia de EU de 1776 sostuvo que “todos los hombres son creados iguales”.
“Ese señalamiento sirvió para justificar una ruptura política con el imperio británico y para presentar a la nueva república como un proyecto basado en derechos naturales”, dice el historiador Daniel Álvarez a EL UNIVERSAL, pero la historia, añade, muestra que la igualdad no fue aplicada como verdad universal.
Pueblos originarios
La declaración que proclama la igualdad señala a los pueblos indígenas originarios como “salvajes indios despiadados”. “Los colonos fundadores actuaron como conquistadores, y reclamaban libertad frente a una monarquía, pero describían como una amenaza a las naciones que ya vivían en el territorio que la nueva república estaba ocupando”, subraya Álvarez. La independencia nació así con una exclusión directa: libertad para los colonos, expansión contra pueblos originarios, igualdad para quienes el nuevo poder reconocía como parte legítima de la nación y exclusión a todo aquel que no representara los valores y la identidad de los colonizadores. “Las naciones indígenas tenían gobiernos, lenguas, sistemas jurídicos y territorios propios; la república los trató como obstáculos, la Ley de Remoción Indígena de 1830 abrió el camino a expulsiones masivas”, cuenta.
Recuerda que la Ruta de las Lágrimas fue una expulsión de sus territorios, miles murieron durante el traslado por hambre, enfermedades, frío y agotamiento. Después aplicaron la Ley Dawes de 1887, que dividió tierras comunales en parcelas individuales para destruir la base territorial de la vida tribal. El objetivo era claro, “separar al indígena de su nación, de su tierra y de su forma colectiva de existir”, dice Álvarez.
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Durante generaciones, el gobierno federal y organizaciones religiosas separaron a niños indígenas de sus familias y los encerraron en internados creados para asimilarlos. En 2024, el gobierno de Joe Biden reconoció que ese sistema buscó borrar culturas nativas y asimilar a niños indígenas. En 2026, EU reconoce 575 entidades tribales con relación de gobierno a gobierno.
La Corte Suprema ha tenido que reconocer, incluso en tiempos recientes, que algunas promesas hechas a los pueblos indígenas siguen obligando al país. En 2020, en el caso McGirt contra Oklahoma, la Corte sostuvo que una parte importante del este de Oklahoma seguía siendo territorio indígena para efectos legales. Si el Congreso no eliminó una reserva, la reserva sigue existiendo. “Esa decisión mostró que la soberanía tribal es una disputa actual sobre la jurisdicción, la tierra, el gobierno y la autoridad”, subraya el historiador.

Esclavitud y afrodescendientes
En 1776, la esclavitud existía en las 13 colonias fundadoras de EU. La nueva república hablaba de libertad mientras cientos de miles de personas negras eran compradas, vendidas, heredadas, castigadas y explotadas. La Constitución de 1787 no resolvió esa violencia, la organizó. El compromiso de los tres quintos permitió contar a parte de la población esclavizada para aumentar el poder político de los estados esclavistas, aunque esas personas no podían votar ni eran reconocidas como libres. “La igualdad proclamada en el documento de independencia se convirtió en representación para los amos, pero en silencio legal para los esclavizados”, dice Álvarez. La Corte Suprema llevó exclusión a su forma más desnuda en 1857, en el caso Dred Scott contra Sandford. “Así es como la Corte Suprema llevó el racismo al centro de la ley; afirmando que las personas negras no tenían derechos que un hombre blanco estuviera obligado a respetar. Es decir, no las reconocía como iguales, ni siquiera como sujetos plenos ante la justicia”, dice el experto.
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La Guerra Civil y la Reconstrucción cambiaron la Constitución de EU, pero en la práctica la historia no ha cambiado mucho. La Decimotercera Enmienda abolió la esclavitud, aunque dejó una excepción: “salvo como castigo por un delito”, la Decimocuarta Enmienda reconoció la ciudadanía, la Decimoquinta prohibió negar el voto por raza, color o condición previa de servidumbre.
“Durante décadas, los afroamericanos fueron segregados en lo que se refiere a las escuelas, el transporte, la vivienda, el empleo y los espacios públicos”, señala Álvarez, y explica que la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965 fueron avances enormes, pero “llegaron después de asesinatos, marchas, encarcelamientos, boicots y una represión prolongada”.
La mujer
Las mujeres fueron otra mitad de la nación dejada fuera del poder. EU nació con un lenguaje masculino y con instituciones masculinas. “Las mujeres no votaban, no gobernaban en igualdad de condiciones y, bajo la doctrina de cobertura legal, la mujer casada quedaba subordinada jurídicamente al esposo”, dice la historiadora Lorena López a este medio.
En 1848, la Convención de Seneca Falls respondió a la Declaración de 1776 con una corrección histórica: “todos los hombres y mujeres son creados iguales”. La Decimonovena Enmienda, ratificada en 1920, prohibió negar el voto por razón de sexo, pero tampoco dio igualdad completa. Muchas mujeres negras, indígenas, latinas y asiático-estadounidenses siguieron enfrentando barreras raciales, legales y económicas. “La historia de las mujeres en EU no es una línea recta de progreso; es una lucha constante contra exclusiones y abusos acumulados”, dice López.
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En el siglo 20, la disputa se movió al trabajo, la educación, el cuerpo y el poder. La Ley de Igualdad Salarial de 1963, la Ley de Derechos Civiles de 1964 y el Título Noveno de las Enmiendas Educativas de 1972 prohibieron formas centrales de discriminación. En 2024 las mujeres que trabajaron tiempo completo todo el año ganaron 80.9% de lo que ganaron los hombres en la misma categoría. En 2025, las mujeres ocuparon 150 escaños en el Congreso número 119, cerca de 28% de sus miembros con voto. Y desde 2022, tras el juicio de Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, el derecho al aborto dejó de estar protegido a nivel federal. En abril de 2026, 13 estados tenían prohibiciones de aborto y 28 imponían límites gestacionales. La ciudadanía de las mujeres sigue siendo discutida en el salario, la representación y el control estatal sobre el embarazo.
Migrantes
El caso de los migrantes, especialmente mexicanos y mexico-estadounidenses, revela otra forma de exclusión: la de quienes fueron tratados como extranjeros incluso cuando su historia estaba antes que la frontera. Desde la primera ley federal de naturalización de 1790, EU limitó la ciudadanía por naturalización a “personas blancas libres”. La pertenencia nacional nació racializada. Después, la guerra contra México llevó esa lógica al territorio arrebatado. “Los mexicanos que quedaron dentro de la nueva frontera no cruzaron a EU, Estados Unidos cruzó sobre ellos”, dice el activista y líder comunitario Enrique Morones, cuyos antepasados vivieron el cambio de nacionalidad de la noche a la mañana.
El tratado prometió que los mexicanos que permanecieran en los territorios anexados serían “mantenidos y protegidos en el libre goce de su libertad y propiedad”. Esa promesa fue debilitada por leyes, litigios, idioma, costos judiciales y el poder económico. “Muchos mexicanos de California y Nuevo México y otras regiones perdieron tierras bajo el nuevo orden”, dice Morones. La ciudadanía les llegó junto con el despojo. En el siglo 20, la segregación escolar contra estudiantes mexicanos fue combatida en el caso Méndez contra Westminster. La migración mexicana posterior siguió el patrón de necesidad y rechazo.
En 2025, el segundo gobierno de Trump firmó la orden Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión. “Es una manera de presentar a los migrantes como una amenaza colectiva inexistente e innecesaria”, señala el activista. “La vigilancia migratoria se presenta como ley, pero en la práctica cae a manera de racismo puro sobre comunidades identificables por su idioma, su origen, el barrio donde viven, el trabajo que desempeñan y su apariencia”, declara Morones y concluye que “el aniversario 250 de la independencia de EU debe ser leído como una auditoría histórica, es decir, la historia documentada”.
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