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Lima. Una cascada de renuncias sacude este lunes al gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. A la del ministro del Interior, Víctor Torres, le siguieron las de las ministras de la Mujer y de Educación, y otras tres en medio del escándalo conocido como "Rolexgate".
Boluarte juró a seis nuevos ministros esta noche, para reemplazar a los seis miembros del gabinete que renunciaron.
El ministro del Interior, Víctor Torres, fue el primero en dimitir y horas después le siguieron los pasos otros cinco. Los que dejaron el cargo fueron además los titulares de las carteras de la Mujer, Educación, Desarrollo Agrario, Producción y Comercio Exterior. Torres fue reemplazado con Walter Ortiz.
El gobierno no informó las razones de las renuncias pero los cambios se producen cuando este miércoles el nuevo primer ministro, Gustavo Adrianzén, y su remozado gabinete, compuesto por 18 ministros, deben concurrir al Congreso a pedir un voto de investidura, en una presentación prevista desde hace un mes.
"Agradezco la confianza brindada por la señora presidenta durante mi gestión como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como en toda mi vida profesional seguiré promoviendo el respeto a los derechos de las poblaciones vulnerables y de las mujeres durante su ciclo de vida", indicó Nancy Tolentino, hasta ahora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, en la red social X.
La ahora exministra destacó el equipo que le acompañó estos 14 meses como cabeza de esta cartera y que "colaboraron impulsando importantes iniciativas".
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Como la creación e instalación del Consejo Nacional de las Mujeres, "mecanismo de vital para la participación y el empoderamiento de las mujeres en la sociedad", y el fortalecimiento y ampliación de los servicios en alianza con los Gobiernos regionales y la sociedad civil.
También agradeció la cooperación internacional por su apoyo en el cumplimiento de la misión institucional.
Poco después, la ministra de Educación Miriam Ponce anunció su dimisión. Tras agradecer a su equipo y a la presidenta Boluarte, Ponce ratificó, en X, su "compromiso con la educación del país y los comprometo a continuar promoviendo la estrategia nacional 101% Buen Ciudadano, con el fin de rescatar los valores y ejercer una ciudadanía responsable".
Este lunes también se informó que Boluarte desautorizó un recurso de habeas corpus que había presentado un abogado para anular las órdenes del allanamiento que se realizó durante la madrugada de este sábado en su vivienda y en el Palacio de Gobierno de Lima, como parte de la investigación de sus relojes de lujo no declarados.
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La gobernante también solicitó este domingo a la Fiscalía de la Nación que se adelante la fecha en que debe brindar su declaración sobre el llamado 'caso Rolex', que ha sido programada inicialmente para el próximo viernes.
El abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, agregó que el pedido se ha hecho "en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias", realizadas por la Fiscalía y la Policía por este caso.
Boluarte estaba citada para mostrar sus relojes en el Ministerio Público el pasado martes y para dar su testimonio el pasado miércoles, pero había pedido reprogramar ambas citas debido a su "cargada agenda", por lo que no acudió a ninguna de ellas.
Esto provocó el allanamiento de su vivienda, donde el operativo policial rompió la cerradura de la puerta, y del Palacio de Gobierno, tras lo cual la presidenta afirmó que el procedimiento se había hecho de manera arbitraria, abusiva y desproporcionada, y que ella estaba colaborando con la investigación.
En respuesta, el Ministerio Público aseguró que el operativo se realizó "por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema" y que en el operativo "no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió", pero sí obtuvo otros elementos de interés para la investigación.
En caso de que la fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su mandato, según fija la Constitución.
El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) desde el Congreso alegando "incapacidad moral".
Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el Parlamento unicameral y que son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza, algo en teoría difícil de concretar.
sp
