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Río de Janeiro.— La ola de ataques que se extiende por el violento estado de Ceará sumó ayer su undécimo día ante una población asustada por los actos vandálicos que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, calificó de “terrorismo” y que el despliegue de la Fuerza Nacional no consiguió frenar.
“Sus actos, como incendiar o hacer explotar bienes públicos o privados, deben ser tipificados como TERRORISMO”, tuiteó el mandatario ultraderechista.
Desde el inicio de los disturbios el pasado 2 de enero, las autoridades locales contabilizaron más de 200 ataques en 43 ciudades de Ceará, un estado pobre del semiárido nordeste, y la policía detuvo a más de 330 personas.
Esta ola de violencia se desató después de que el nuevo responsable de la Administración Penitenciaria anunciara el endurecimiento de las condiciones de detención para impedir que las bandas criminales dirijan sus operaciones desde las cárceles.
En los últimos 10 días, grupos atacaron bancos, autobuses e incluso comisarías, sembrando el temor entre la población.
Los ataques —que arrancaron en la capital, Fortaleza, y se extendieron hacia el interior— afectaron a la circulación de autobuses, la recolección de basuras y al funcionamiento de los comercios.
“La inseguridad es total porque todo está muy complicado. Estamos a merced de los bandidos”, contó Juliana Monteiro, una cajera de 31 años que trabaja en Fortaleza y que lleva días sin saber cómo regresará a casa tras su jornada.
En la madrugada de ayer, los asaltantes derribaron un gran poste eléctrico en Maracanaú, en las afueras de Fortaleza, donde algunos barrios quedaron sin electricidad durante horas. También explotó una bomba a las puertas de un concesionario de vehículos.
La llegada de 300 efectivos de la Fuerza Nacional hace una semana disminuyó la intensidad de los ataques, pero no consiguió erradicarlos, por lo que un nuevo contingente de 200 agentes fue enviado el martes.
Aunque es posible ver a los efectivos de este cuerpo especial patrullando por las calles de Fortaleza, los actos vandálicos continuaron, afectando también al turismo de la región.
“No tenemos en quién confiar, ni ninguna garantía de seguridad. Por eso, está muy difícil salir a la calle”, valoró Daila de Queiroz, una vendedora de 23 años.
La crisis en Ceará es la primera gran prueba en materia de seguridad para Bolsonaro, quien asumió el poder el 1 de enero.
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