Tabe pide no aprobar plan de reordenamiento

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, hizo un llamado al Congreso de la Ciudad de México a no avalar el proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), que envió la semana pasada la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al Congreso local.

En conferencia de prensa, el edil advirtió que los documentos carecen de legalidad, además de que provocan “agujeros legales” y alientan la sobreexplotación del suelo en la capital.

“Esa es la solicitud muy puntual que hacemos a las diputadas y diputados, que no se apruebe un programa que genere incertidumbre y que aliente la sobreexplotación del suelo de la Ciudad a costa de la calidad de vida de las vecinas y los vecinos”, expuso.

El alcalde señaló que el PGOT debió ser elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), organismo que no tiene titular desde febrero pasado y acusó a las autoridades de “fingir una consulta a mil 800 personas en un solo día” para su elaboración.

Indicó que el proyecto no considera medidas de integración en las construcciones que se realicen sin permiso, lo que deja a las y los vecinos de la alcaldía que encabeza sin posibilidad de mitigar el impacto urbano de estos nuevos desarrollos.

En este sentido, el alcalde acusó que no se ha visto un planteamiento del gobierno local “de que como parte del desarrollo inmobiliario vengan acompañados más recursos para obra pública y que sea sostenible el desarrollo inmobiliario de la Ciudad”.

Mauricio Tabe se refirió a un audio que circuló este fin de semana, en el que aseguró que se evidencia que el proceso de revocación de mandato en la demarcación que encabeza es parte de una estrategia para “desgastar a la alcaldía”.

Por ello, pidió a Claudia Sheinbaum aclarar el caso y precisar si ella estaba enterada de que trabajadores de estructura de la administración capitalina y uno de sus asesores utilizan recursos públicos para atacar al gobierno de la alcaldía.

Señaló que ese audio evidenció “la forma en que Morena utiliza los recursos públicos sólo con intereses políticos y deja de lado la responsabilidad de atender las necesidades de las personas”.