Edomex va por endurecer las penas por acoso sexual

Toluca, Méx.— La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, envió al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal que busca sancionar el acoso sexual desde la primera denuncia, endurecer las penas para quienes reincidan en dicho delito y castigar a los servidores públicos que no quieran recibir las quejas o disuadan a las víctimas de levantarla.

La reforma se presenta en respaldo al plan integral contra el abuso sexual anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar la atención y procuración de justicia hacia estos casos, con acciones que incluyen la homologación del abuso sexual como delito grave, la capacitación institucional, campañas de concientización y la promoción de la denuncia.

Autoridades mexiquenses explicaron que la propuesta de la gobernadora elimina la condición de reincidencia que hasta ahora limitaba la sanción de este delito, de modo que cualquier acto de acoso sexual podrá ser castigado, sin necesidad de que se repita la conducta. Lo anterior aplica en cualquier sitio donde ocurra, como lugares públicos, en instalaciones o vehículos destinados al transporte público.

“Con esta modificación, el gobierno mexiquense refuerza la protección a las víctimas y marca un precedente en la lucha contra la violencia sexual, al reconocer que ningún acto de acoso debe quedar sin castigo”, indicó la administración estatal.

La propuesta indica que toda interpretación y aplicación del delito deberá incorporar perspectiva de género. Foto: Especial

Asimismo, la propuesta establece agravantes cuando el acoso se cometa aprovechando una situación de vulnerabilidad, desventaja o riesgo para la víctima, incrementando las penas hasta en una mitad.

“De manera inédita se crea un nuevo tipo penal para castigar a servidores públicos —como ministerios públicos o policías— que se nieguen a recibir denuncias, intimiden o disuadan a las víctimas. En estos casos se impondrán penas de dos a seis años de prisión, destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo igual a la pena impuesta”, expuso.

La propuesta indica que toda interpretación y aplicación del delito deberá incorporar perspectiva de género y considerar contextos de vulnerabilidad de la víctima, para un acceso efectivo a la justicia.