Defiende PF actuación en arresto del Menchito

marcos.muedano@eluniversal.com.mx

El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que los elementos que participaron durante el operativo para detener a Rubén Oseguera, El Menchito, presunto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se llevó a cabo en apego a los protocolos de seguridad.

Dijo que respeta la decisión que tomó el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México de liberar a Rubén Oseguera, sin embargo, un tribunal federal determinará si fue correcta o no la resolución.

“Yo soy muy respetuoso del Poder Judicial y de sus jueces, de sus integrantes. Yo creo que todas las expresiones relacionadas con investigaciones deben de llevarse con mucho cuidado, yo respeto en ese sentido lo que digan los magistrados”, expuso.
“Sin lugar a dudas no me merece mayor opinión más que la de respeto absoluto a la instancia judicial”, pero reiteró que en este caso fue “totalmente adecuada” la actuación de la Policía Federal.

“Está la apelación de la Procuraduría General de la República (PGR), porque consideró que la decisión del juez tenía que ser revalorada y el sistema de justicia de México permite que otro tribunal revise tanto la actuación de la puesta a disposición de la PGR, como la actuación de la Policía Federal, como la del propio juez”, comentó.

La postura del comisionado se presenta a una semana de que un juez determinó dejar en libertad a El Menchito, al considerar que existieron violaciones al debido proceso, entre ellas, “una intromisión ilegal al domicilio de los indiciados por parte de la Policía Federal a fin de lograr su detención”.
Al ser liberado del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, fue detenido por elementos de la Policía Federal, quienes lo trasladaron a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para ser investigado por desaparición de personas. Como parte de esta nueva investigación en su contra, la PGR obtuvo una orden de arraigo de 40 días para recabar más evidencias.