Renuevan UIF y SSPC lista de personas expuestas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó la lista enunciativa con cargos públicos que serán considerados como Personas Políticamente Expuestas nacionales (PEP, por sus siglas en inglés), a fin de que los bancos pongan la lupa sobre ellas y eviten el lavado de dinero.

Además de las instituciones de crédito, todas las entidades del sector financiero pueden consultar el listado para elaborar sus reportes de operaciones sospechosas.

Por primera vez se incluye como PEP obligadas a seguir esta guía a las instituciones de tecnología financiera y a sociedades autorizadas para operar con modelos que regula la nueva Ley Fintech, así como a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).

El documento contiene información sobre el objetivo de contar con la lista, las fuentes públicas consultadas para su elaboración, definiciones y criterios, así como los factores para determinar si un cliente, usuario o propietario real puede ser considerado Persona Políticamente Expuesta nacional.

Asimismo, incluye los aspectos a nivel estatal y municipal que deberán considerar las entidades financieras y sujetos obligados.

En el ámbito general, la lista la encabezan el Poder Ejecutivo, titulares de dependencias, órganos desconcentrados y administrativos, así como entidades de las secretarías de Estado.

Son 19 secretarías más los subsecretarios, la Consejería Jurídica, los órganos reguladores coordinados en materia energética y la FGR.

Están quienes integran los poderes Judicial y Legislativo, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como también los principales funcionarios de los organismos no sectorizados, sectorizados-descentralizados y autónomos.

En el ámbito estatal, son PEP los legisladores locales, gobernadores y la policía judicial; a nivel municipal, los alcaldes.

Por último aparecen quienes integran los partidos políticos.

¿Para qué sirve?

La lista fue creada por el Grupo de Acción Financiera (Gafi) como parte de su estrategia contra el lavado de dinero.

El organismo define a las Personas Políticamente Expuestas nacionales como a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes, como jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales, militares de alto rango, ejecutivos de corporaciones estatales, así como a funcionarios de partidos políticos.