
La propuesta de reforma de la legislación que previene el lavado de dinero generará mayor "tramitología" con la mayor afectación a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Advertimos que la Minuta de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), recibida en Diputados y que se analizará en Comisiones, podría afectar la operación diaria de las empresas, especialmente de las MiPymes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), que representan el 99% del entramado productivo nacional”, aseguró a través de un comunicado.
La Coparmex expuso que la “inquietud se centra en la sobrerregulación que implica esta reforma, al ampliar significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables”.
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Ello porque estas “modificaciones exigen a las empresas identificar y conocer a todos sus clientes mediante documentación oficial y, en el caso de personas morales, recabar información detallada sobre los beneficiarios”.
El sindicato patronal explicó que también se les obligará a las empresas pequeñas a “monitorear y avisar operaciones, lo que amplía el universo de transacciones sujetas a fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.
La Coparmex comentó que para combatir el lavado de dinero se requiere eficiencia regulatoria, proporcionalidad jurídica y realismo operativo.
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Aseguró que los cambios deben ser graduales, contener incentivos y no “amenazar” la operación de miles de negocios formales.
Lo que vemos actualmente es que en la iniciativa “prevalece la restricción al efectivo, situación que no refleja la realidad del país, con relación a la falta de bancarización de muchos clientes”.
Para la Coparmex la “implementación de esta iniciativa implicaría una inversión significativa en infraestructura tecnológica, capacitación constante del personal y contratación de servicios externos para garantizar la ejecución”.
aov/mgm
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