Acusa EU de narcolavado a dos bancos y a Vector, de Alfonso Romo

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó ayer a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado de dinero” para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”.

El republicano ha convertido la lucha contra el fentanilo en una prioridad y acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.

Según Washington, los cárteles del narcotráfico mexicanos fabrican ilegalmente ese opioide sintético con precursores procedentes de China, el cual dejó casi 50 mil muertes por sobredosis en 2024 en EU.

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CIBanco surgió en 1983 como Consultoría Internacional, una casa de cambio orientada al sector corporativo. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

En este contexto, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) llevó a cabo una investigación que concluye que las tres instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, explicó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales, y Vector, una casa de bolsa fundada por el empresario Alfonso Romo, quien fuera parte del gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como jefe de la Oficina de Presidencia, y fungiera como su enlace con el sector privado.

En la casa de bolsa, que ha dado servicio a gobiernos estatales y municipales, también laboró en algún momento el actual secretario de Hacienda, Edgar Amador.

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Washington denunció a esas firmas financieras de haber desempeñado un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos” necesarios para producir fentanilo.

Vector fue acusada de facilitar el lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y del Golfo, incluyendo un millón de dólares en pagos por precursores químicos de fentanilo.

Los funcionarios del Tesoro también dijeron que Vector fue utilizada por el Cártel de Sinaloa para enviar sobornos al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien fue sentenciado a más de 38 años de prisión por un tribunal de Nueva York en octubre por los cargos. Estimaron que las transacciones superaron 40 millones de dólares.

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Las medidas impedirán que “hagan negocios con nosotros”, dijo el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, en conferencia.

Además, puso algunos ejemplos de “cómo estas instituciones con sede en México colaboran con los cárteles para blanquear dinero”.

“En 2023, un empleado de CIBanco facilitó la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo” y a fines de 2022, “ejecutivos de Intercam se reunieron directamente” con presuntos miembros de la organización delictiva “para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China”.

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Estos señalamientos prohíben a las tres instituciones facilitar envíos de fondos, pero no son sanciones económicas como las de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.

Golpe reputacional

La acusación de autoridades estadounidenses es un golpe severo a la reputación del sistema financiero mexicano, dijo Álvaro Vértiz, socio de la consultora DGA Group.

“Es un golpe muy fuerte a la credibilidad del sector financiero por parte de Estados Unidos. Aunque Hacienda ya respondió, señalando que el tema está en fase probatoria, el impacto reputacional ya se dio, y esto es el principio de una serie de acciones más amplias”, agregó.

Vértiz recordó que México ha sido históricamente cuidadoso con la regulación del sistema financiero, por lo que estos señalamientos ponen en entredicho la capacidad de los grupos financieros para implementar programas eficaces contra el lavado de dinero, así como la efectividad del regulador y autoridades para supervisarlos.

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Advirtió que la actual acusación responde a una agenda del gobierno estadounidense, con énfasis en el combate al tráfico de fentanilo, la migración y el comercio.

“No me parece que sea un caso aislado; hay una intención clara de atacar cualquier tipo de práctica relacionada con lavado de dinero y tráfico de drogas”, dijo Vértiz.

Aunque reconoció que es necesario conocer las pruebas y evitar juicios anticipados, el daño reputacional ya está hecho, por lo que los bancos y participantes del sector deben reforzar sus controles.

Vértiz señaló que muchas veces los programas de cumplimiento están bien diseñados, pero fallan en operación y supervisión interna. “Son conductas aisladas dentro de los bancos que no debieron ocurrir”, mencionó.