Constituyente se atribuye todos los poderes

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), que se atribuye un carácter plenipotenciario, aprobó ayer un decreto que le permitirá tomar control de los poderes públicos del país. Durante la sesión también avaló la creación de una “comisión de la verdad”, para establecer responsabilidades en los hechos de “violencia política” que se han dado en el país desde 1999.

El primer vicepresidente de la ANC, Aristóbulo Istúriz, dijo que el decreto que obliga a los otros poderes constituidos a reconocerla y colaborar con sus decisiones fija una serie de normas que permitirán la “convivencia y relación de manera armónica” con los distintos poderes. Advirtió que se someterá a la ley a aquellos que se nieguen a cooperar.

Señaló, por ejemplo, que la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, sigue en desacato a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que si se niega a cooperar será “sometida” a la ley.

El decreto plantea una “convivencia armoniosa entre los poderes constituidos y el poder constituyente”, un día después que la Asamblea Nacional aprobara una resolución que desconoce la legalidad del órgano.

La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, indicó que de acuerdo con la Carta Magna los poderes no podrán de forma alguna impedir las decisiones de la Constituyente. Agregó que cuando asumió el cargo, se comunicó con el líder de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, para explicarle “la necesidad de la convivencia”, pero él respondió que no van a cooperar.

Rodríguez explicó que también se aprobó la creación de “la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública”. Ésta fue encargada por el presidente Nicolás Maduro, quien ha adelantado que algunos líderes opositores irán a la cárcel por disturbios en las protestas.

Mientras sesionaba la Constituyente, la Guardia Nacional impidió a los diputados ingresar al Palacio Legislativo. Los opositores dijeron que acudirán hoy al Congreso para realizar la sesión ordinaria.

En tanto, el Tribunal Supremo acordó condenar a 15 meses de cárcel al alcalde opositor del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, por desacatar una sentencia que lo obligaba a desbloquear las vías que mantenían cerradas los manifestantes. Ordenó su detención y tramitar una orden de arresto internacional, debido a que se desconoce su paradero.