El que “no sale de una cuando ya está en otra”, nos platican, es el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar (Morena). Nos relatan que primero fueron sus declaraciones tras el incidente que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal sostuvieron en Guatemala el pasado domingo, pues acusó a autoridades de aquel país de estar presuntamente coludidas con organizaciones criminales, de lo cual se deslindó hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, y por si no fuera suficiente, compartió una foto abrazando al cantante y compositor Carlos Macías, quien en marzo pasado fue vinculado a proceso por violencia familiar equiparada y aunque después ofreció una disculpa pública, las críticas le cayeron en diluvio. ¡Auch!
Se recrudece pugna Morena-PT
Desde Baja California Sur, nos comentan que en el Cabildo de Los Cabos el alcalde Christian Agúndez Gómez (PT) y la regidora María Petra Juárez Maceda (Morena) “se están dando hasta con la cubeta”. Nos detallan que doña Petra acusó violencia política, porque dice que don Christian le corrió a su equipo de trabajo “sin decir agua va”, además de que la excluyó de varias reuniones en las que presuntamente negocia “en lo oscurito” con empresarios, a lo que el alcalde respondió exhibiendo que doña Petra tiene una decena de asesores y eso bastó para que morenistas lo señalaran de discriminación contra la regidora por sus rasgos indígenas, aunque hay algunos que aseguran que el fondo del asunto es porque doña Petra es del grupo político del gobernador Víctor Castro Cosío (Morena), con quien el edil tiene serias diferencias. ¡Así ni cómo!
Piden asesorar a funcionarios
Nos cuentan que en Hidalgo el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna (Morena), se vio “bajo la lupa” de las colectivas feministas, que exigieron que se retracte públicamente de los señalamientos que hizo sobre el caso de una niña de 12 años que había sido reportada como no localizada. Nos indican que don Guillermo declaró que la menor “se había ido por su propia voluntad con su pareja”, lo que molestó a las activistas y le recordaron que el estado está obligado a aplicar el principio del interés superior de la niñez, además de que no es la primera vez que realiza este tipo de comentarios, por lo que demandaron que sea capacitado en materia de derechos de la infancia. ¡Qué tal!