Miami. Bajo el concepto de violencia contra la mujer caben los actos u omisiones basados en género que causan daño físico, sexual, psicológico, económico o simbólico. Ocurren en el hogar, la calle, el trabajo… y también en el mundo digital.
La lógica es la misma: control, castigo o silenciamiento por ser mujer o por desafiar los roles de género, a manos de parejas, familiares, colegas o desconocidos.
La violencia digital contra la mujer se traduce en tecnologías como el arma de agresión: redes sociales, mensajería, foros, videojuegos, servicios en la nube, dispositivos conectados. “Al nombrarla, puntualizamos un terreno con reglas propias, donde viejos patrones se potencian con herramientas nuevas”, dice a EL UNIVERSAL Bárbara Gutiérrez, sicóloga, exagente de ciberseguridad y madre de familia.
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“Aunque parezca redundante, es importante subrayarlo: toda violencia digital contra la mujer es violencia contra la mujer” señala González. “Lo digital define el medio, las tácticas, la escala del daño y las rutas de respuesta que hoy necesitan instituciones, medios y audiencias para terminar con este asedio”.
La situación varía de país a país, pero todos tienen un elemento en común: se trata de un fenómeno complejo, en ascenso, y para el cual se hace cada vez necesario adaptar las legislaciones.
Estados Unidos
En marzo pasado, la National Organization for Women (NOW) y la firma Incogni divulgaron un estudio representativo que incluyó a 5 mil 110 mujeres y halló que 25% de las mujeres estadounidenses ha vivido abuso u hostigamiento en línea. La mayoría de las afectadas dice que las agresiones, desde acoso sexual y doxxing (recopilación de información privada de alguien sin su consentimiento en internet para acosar, intimidar o extorsionar) hasta “swatting” (práctica delictiva que consiste en engañar a un servicio de emergencia dando un aviso de un falso incidente grave en la casa de alguna víctima para que envíe una respuesta urgente), afectaron severa o significativamente su vida; 69% considera insuficientes las leyes actuales para protegerlas. El estudio también muestra brechas: 37% de mujeres de origen mixto y 31% de latinas o hispanas reportan tasas especialmente altas. La incidencia crece entre los 18 y 34 años.
La Encuesta Nacional sobre Violencia Sexual y de Pareja Íntima en Estados Unidos (NISVS), aplicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC) para 2023/2024, publicada en 2025, revela que a lo largo de sus vidas, 22.5% de mujeres, es decir 28.8 millones, ha sufrido stalking (acecho de alguien para intimidar, espiar o controlar); en los 12 meses previos a responder, fueron 5.5%, es decir, 7 millones de mujeres. La clave está en el cómo fueron acosadas: 46.8% recibió mensajes no deseados por redes sociales y 36.3% reportó monitoreo a través de sus redes; 15.6% fue rastreada con GPS, 20.1% detectó software espía en sus dispositivos y 12.6% sufrió cámaras ocultas. Son patrones contemporáneos de control y hostigamiento que ya forman parte del paisaje de la violencia, escribieron los CDC.
En paralelo al daño emocional y reputacional, el costo financiero se disparó. El FBI registró en 2024 859 mil 532 denuncias de delitos en línea, con pérdidas por 16 mil 600 millones de dólares, un máximo histórico.Entre las categorías aparece “Harassment/Stalking” (acoso/stalkeo), con 11 mil 672 quejas; la extorsión (donde encaja la sextorsión) sumó 86 mil 415. Aunque el IC3, Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI, no desagrega por sexo, estas categorías capturan formas de violencia digital que afectan de forma desproporcionada a las mujeres.
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La Comisión Federal de Comercio de EU (FTC) reportó que en 2024 los consumidores perdieron 12 mil 500 millones de dólares por fraude (un salto interanual de 25%). Se incluyen allí las estafas románticas, que suelen iniciar en apps y redes y a menudo se entrelazan con abuso sexual o financiero, y que son un vector central del daño digital, aunque la agencia no publica una desagregación por género.
El ciclo 2023-2025 también consolidó evidencia, académica y periodística, sobre la forma en que los deepfakes sexuales y la difusión no consentida de imágenes íntimas golpean a mujeres y niñas estadounidenses. Informes y análisis recientes del FBI/IC3 subrayan que la abrumadora mayoría de los “deepfakes” de carácter sexual apunta a víctimas femeninas, un campo donde la respuesta legal y de plataformas aún está muy desprotegida.
México
En México, en 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 90 millones 300 mil personas de 12 años o más usaron internet; de ese total, 47 millones 600 mil fueron mujeres y 22.2% de las usuarias (unas 10 millones 600 mil) reportó ciberacoso.
“Los datos oficiales, en términos generales, son apenas la punta del iceberg del problema real; son más millones los casos no reportados y se entiende, millones de mujeres reciben acosos todos los días y no terminarían sus días si reportaran todas” asegura González.
En ese mismo año, 2024, las víctimas mexicanas reportaron sobre todo agresiones por WhatsApp (39.8%) y Facebook (39.7%) y, en menor medida por llamadas al celular (29.3%). Solo 11.2% de quienes sufrieron ciberacoso lo denunció ante el Ministerio Público, una fiscalía estatal o el propio proveedor del servicio. Entre los efectos emocionales, 34.5% de las mujeres declaró haber sentido miedo.
Rocio cuenta a este diario su mala experiencia. “Primero fueron chistes pesados por una página de Instagram donde subían imágenes mías; cuando logré que bloquearan la cuenta, abrieron tres más; pero esta vez con fotos mías desnudas por inteligencia artificial. Al final conseguí que cerraran todas, no aparecieron más, pero el daño ya estaba hecho”.
Pese a que en México se aprobó la Ley Olimpia para enfrentar la violencia digital, en la capital, aunque entre 2020 y julio de 2024 se interpusieron 3 mil 750 denuncias por delitos contra la intimidad sexual, apenas 6% se judicializaron (229 casos). El propio desglose año con año sugiere un alza en las denuncias, pero un cuello de botella crónico para que lleguen ante un juez.
LatAm y el Caribe
En el resto del Continente Americano conviven avances legales con cifras que exhiben la magnitud del problema. En Argentina, la también llamada Ley Olimpia incorporó en 2023 la violencia digital como modalidad de violencia de género dentro del andamiaje de protección integral, reconociendo expresamente el acoso, la vigilancia y la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento. Fue una victoria normativa impulsada por sobrevivientes que empujaron el tema desde la sociedad civil al Boletín Oficial.
En Brasil, tras un máximo histórico de 150 mil 847 reportes en 2023 de delitos y violaciones de derechos humanos en línea recibidos por su central nacional, 2024 cerró con poco más de 100 mil reportes, una caída importante en volumen. Sin embargo, ONU Mujeres lanzó una alerta para los casos sobre material relacionado con abuso sexual infantil a través de las plataformas.
En Colombia, estudios impulsados por organizaciones como Fundación Karisma y observatorios electorales han documentado que las candidatas y lideresas soportan campañas de desprestigio, acoso coordinado y hostigamiento en redes que buscan desalentar su participación y minar su credibilidad. Durante las elecciones locales de 2023, los monitoreos y encuestas cualitativas describieron patrones de ataque con efectos disuasorios y rutas de atención insuficientes.
En el Caribe, este lastre cruza dos factores: una violencia basada en género históricamente alta y una infraestructura estadística aún en consolidación, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y ONU Mujeres. Jamaica, por ejemplo, se apoya en su Cybercrimes Act para perseguir comunicaciones maliciosas y acoso en línea, pero los llamados de expertos y de la judicatura regional subrayan que la respuesta penal debe acompañarse de servicios accesibles y rutas de denuncia efectivas.
En Canadá, el ecosistema de reporte Cybertip.ca registró más de 2 mil 600 incidentes de sextorsión en el año comprendido entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 y la Real Policía Montada ha advertido de un fuerte aumento de sextorsiones de motivación financiera contra adolescentes. Esa radiografía convive con un flujo sostenido de denuncias por difusión no consentida de imágenes íntimas y con el despliegue de herramientas tecnológicas como Project Arachnid, que ha emitido millones de notificaciones de retiro de material de abuso sexual infantil a proveedores en casi un centenar de países. Aunque parte de estos indicadores se centra en niñas y adolescentes, los patrones de victimización y daño muestran impactos desproporcionados en mujeres y exigen respuestas coordinadas entre policía, fiscalías y plataformas.
El resto del mundo
Europa opera hoy con una brújula normativa más precisa. En 2024, la Unión Europea adoptó la Directiva (UE) 2024/1385 para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que por primera vez armoniza la criminalización de conductas digitales clave: acoso en línea, ciberpersecución, incitación al odio por razón de género y la distribución, incluida la manipulación, de material íntimo sin consentimiento. EIGE, el Instituto Europeo de Igualdad, avanzó en un marco de medición específico para “ciberviolencia contra las mujeres y las niñas”, para alinear estadísticas, y la Agencia de Derechos Fundamentales actualizó en 2024 su encuesta de violencia de género con resultados que recuerdan la persistencia de niveles altos de victimización.
En paralelo, los parlamentos nacionales ajustan sus regímenes probatorios y de retirada de contenidos, a la sombra del Reglamento de Servicios Digitales. El resultado: una base más sólida para exigir medidas a plataformas y fiscalías y una noción de que lo “online” ya no es un pie de página sino un vector central del fenómeno.
En Asia y el Pacífico, la señal más contundente vino en 2025 del propio sistema político: 60% de las parlamentarias encuestadas por la Unión Interparlamentaria en 33 países de la región reportó haber sido blanco de odio, desinformación, abuso de imagen y doxxing en línea, con 76% señalando violencia psicológica más amplia.
Australia, pionera en política pública de seguridad digital, ha reforzado la tipificación de los abusos de imagen y su autoridad de eSafety exhibe casos y datos que han empujado el debate sobre “deepfakes” sexuales y su impacto en adolescentes.
Nueva Zelanda, con su Harmful Digital Communications Act, muestra un diseño de respuesta administrativa que recibe decenas de miles de reportes cada año, aunque sus propios informes recomiendan modernizar la vía civil frente a nuevas formas de daño.
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África enfrenta un doble reto: la escalada de explotación sexual en línea de niñas y adolescentes, con patrones de sextorsión, captación y difusión de material, y el subregistro crónico. Informes recientes de alianzas humanitarias y de protección infantil documentan incrementos preocupantes de solicitudes sexuales no deseadas, chantajes y circulación de material en países del sur y del este del continente, mientras Afrobarómetro confirma que la violencia de género en general es percibida como una de las principales urgencias de derechos por la ciudadanía. El dato incómodo es estadístico: en varias subregiones faltan series comparables y sistemas de denuncia accesibles, un vacío que las propias agencias de la ONU han reconocido como barrera para estrategias eficaces.
En Medio Oriente y Norte de África, la conversación ha virado, aunque lentamente, hacia la estandarización de indicadores y la incorporación explícita de la violencia facilitada por tecnología en las agendas nacionales. La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (ESCWA) publicó en 2023 un marco regional de indicadores de género que insta a capturar estas formas de violencia; organizaciones como el Centro de Recursos para la Igualdad de Género (ABAAD) y Rutgers difundieron en 2024 estudios multipaíses sobre prevalencia, impactos y respuestas, y proyectos de investigación apoyados por centros internacionales han documentado que una amplia mayoría de personas encuestadas reporta al menos una forma de daño en línea, con mujeres reportando efectos más severos. Todo ello ocurre en sistemas jurídicos heterogéneos, donde frecuentemente se legisla a partir de figuras penales generales, con aplicación laxa y pocos recursos especializados.
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