El 1 de junio de 2025 marcará un hito en la historia electoral de México: se celebrarán por primera vez las Elecciones Federales Judiciales, un proceso de gran importancia para la renovación de los órganos judiciales en el país. A tan solo casi un mes de su realización, es alarmante observar que una parte significativa de la ciudadanía aún desconoce a los candidatos y candidatas, así como sus propuestas. Esta falta de información se ve intensificada por la amplia cantidad de nombres que figuran en las boletas, lo que dificulta la identificación de los programas y visiones de aquellos que aspiran a ocupar cargos clave en el sistema judicial mexicano. En este contexto, la información, o la falta de ella, se convierte en un factor determinante para el ejercicio pleno de la democracia.
En cuanto al rol de los candidatos al poder judicial, es importante reflexionar sobre las expectativas que podemos tener al respecto. Si bien los jueces y magistrados tienen la obligación fundamental de impartir justicia de manera imparcial, conforme a la Constitución y la ley, es necesario cuestionar hasta qué punto las propuestas de los candidatos pueden ir más allá de la simple aplicación de la normativa vigente. A diferencia de otros cargos políticos, donde las promesas de cambio son centrales, en el ámbito judicial se espera, ante todo, un cumplimiento de los principios de legalidad, imparcialidad y autonomía. Sin embargo, me parece que es legítimo preguntarse: ¿qué propuestas concretas pueden ofrecer los aspirantes a un puesto judicial?
Por ello, me animé a realizar un breve análisis de los datos disponibles en la plataforma proporcionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a través del enlace https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx. Esta base de datos, accesible públicamente, contiene la información que fue proporcionada de forma obligatoria por las personas candidatas que participan en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Según los datos, se presentan 1,965 hombres (57.6%) y 1,449 mujeres (42.4%) como aspirantes a ocupar estos cargos. Aunque la cifra de mujeres candidatas se acerca a la de los hombres, la diferencia sigue siendo significativa, lo que refleja una persistente desigualdad en el acceso de las mujeres a posiciones de poder dentro del ámbito judicial. Este desbalance, aunque menor que en otras elecciones, pone de manifiesto que, a pesar de los avances en materia de igualdad de género, aún existe una brecha considerable que limita la representación equitativa en los órganos judiciales.
En cuanto al nivel educativo de los aspirantes, los datos revelan una distribución diversa, reflejando las distintas trayectorias académicas de las personas que buscan ocupar cargos en el Poder Judicial de la Federación. Según la información proporcionada por el INE, 739 candidatos (21.6%) cuentan con un doctorado, mientras que 233 (6.53%) tienen una especialidad. Por otro lado, 524 (15.3%) poseen únicamente la licenciatura, mientras que una clara mayoría, 1,838 personas (53.8%), han alcanzado el nivel de maestría. Un pequeño porcentaje, 60 aspirantes (1.76%), no proporcionaron esta información, y 30 (0.87%) cuentan con estudios de postdoctorado. La distribución de los niveles educativos entre los aspirantes al Poder Judicial de la Federación pone en evidencia una cuestión crucial sobre las exigencias académicas en este ámbito. La alta concentración de candidatos con estudios de maestría refleja una preparación sólida y especializada, lo cual es, sin duda, un requisito indispensable para desempeñar funciones judiciales de alto nivel. Sin embargo, esta predominancia también resalta una interrogante sobre la naturaleza misma de las competencias que el sistema judicial requiere: ¿es la formación académica estrictamente un indicador de capacidad para juzgar, o existen otras dimensiones igualmente relevantes, como la experiencia profesional, el juicio ético, la imparcialidad y la comprensión de las realidades sociales? El poder judicial, por su propia naturaleza, requiere no solo de conocimientos teóricos y técnicos, sino también de una sensibilidad frente a las realidades sociales y la capacidad de aplicar la ley de manera equitativa y contextualizada.
En cuanto a los cargos a los que aspiran los candidatos, la distribución es considerablemente variada, lo que refleja la amplitud y complejidad del Poder Judicial de la Federación. De los 3,449 aspirantes que se registraron en la plataforma Conóceles, la mayoría se postula para ocupar los cargos de Juezas y Jueces de Distrito, con un total de 1,564 personas (45.8%). A continuación, se encuentran los aspirantes a Magistraturas en diversas instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE del PJF), con 15 (0.44%) candidatos para la Magistratura de la Sala Superior, 95 (2.78%) para las Salas Regionales y 38 (1.11%) para la Magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial. Por otro lado, los cargos en los Tribunales Colegiados de Circuito cuentan con 1,638 (48.0%) aspirantes, mientras que solo 64 personas (1.87%) buscan ocupar la posición de Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este número considerable de aspirantes, especialmente en los cargos de jueces y magistrados, resalta una de las principales dificultades para el elector: la sobreabundancia de opciones y la falta de un acceso claro y directo a las propuestas de los candidatos, particularmente a nivel de las secciones electorales correspondientes. En este contexto, el análisis de las propuestas se convierte en una herramienta clave para comprender las prioridades de los candidatos y facilitar una toma de decisiones más informada.
En este análisis, utilicé un algoritmo de clasificación basado en un análisis de bigramas para examinar las propuestas de los aspirantes al Poder Judicial. Un algoritmo de clasificación es una herramienta del procesamiento de lenguaje natural que organiza datos en categorías, permitiendo identificar patrones recurrentes y analizar relaciones entre palabras en un texto. En este caso, el algoritmo clasifica y organiza las combinaciones de palabras en las propuestas según su frecuencia y contexto. Un bigrama, por su parte, es una combinación de dos palabras que ocurren juntas con frecuencia en un texto, lo que permite identificar patrones recurrentes en las propuestas. Al analizar las tres variables seleccionadas (aquellas que hacen referencia a las propuestas en la base de datos del INE), obtuve tres grafos que visualizan las conexiones entre los términos más mencionados. Los resultados reflejan las principales preocupaciones y enfoques de los candidatos, permitiendo observar un panorama amplio sobre las prioridades en sus propuestas.
Entre los bigramas más frecuentes destacan términos como "derechos humanos", "poder judicial" y "función jurisdiccional", lo que muestra un fuerte énfasis en la protección de los derechos fundamentales y la mejora de la eficiencia del sistema judicial. La mención de conceptos como "justicia pronta", "justicia accesible" y "capacitación continua" sugiere una visión orientada a un sistema judicial más ágil, transparente y actualizado, capaz de garantizar el acceso a la justicia de manera equitativa para toda la población. Además, la inclusión de términos como "grupos vulnerables" y "trato digno" indica una preocupación por una justicia más inclusiva y humanizada.
Por otro lado, la aparición de "lenguaje claro" y "audiencias virtuales" resalta el interés por mejorar la comunicación entre las autoridades judiciales y la ciudadanía, facilitando la comprensión de los procesos judiciales y el uso de tecnologías para optimizar la gestión del sistema. En conjunto, los resultados del análisis sugieren que los aspirantes están promoviendo una transformación hacia un sistema judicial más eficiente, accesible y cercano a las necesidades de la sociedad, integrando tanto el respeto a los derechos humanos como la incorporación de herramientas tecnológicas para modernizar el Poder Judicial.
La democracia no solo implica el derecho al voto, sino también la responsabilidad de estar informados para tomar decisiones fundamentadas que reflejen nuestras necesidades y principios como sociedad. El conocimiento de las propuestas de los aspirantes, facilitado por herramientas accesibles y claras, es esencial para garantizar una participación activa y responsable. Solo a través de un acceso adecuado a la información podemos asegurar que el sistema judicial esté compuesto por personas capaces de promover la justicia con imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos fundamentales de todas y todos. La democracia, en su esencia, se fortalece cuando la ciudadanía tiene el poder de decidir con conocimiento, transparencia y equidad.
