El pasado 30 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que nos confronta con una realidad dolorosa: a pesar de los avances legislativos, del diseño de políticas públicas para la prevención y del compromiso de diversos sectores sociales, políticos y ciudadanos, aún hay personas que no son verdaderamente libres.
De acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado, en 2023 la trata de personas ocupó el segundo lugar entre las economías ilícitas más rentables a nivel mundial. Esto reafirma su carácter profundamente lucrativo, cimentado sobre la vulnerabilidad y el sufrimiento humano.
Quizá, al hablar de esclavitud, explotación sexual, trabajo infantil, servidumbre o trabajos forzados, muchas personas se remonten a época pasadas. Sin embargo, estos crímenes no solo persisten, sino que se adaptan a los tiempos modernos. Hoy, en pleno siglo XXI, se siguen obteniendo ganancias millonarias a costa de la libertad de otros, alimentando un sistema global de oferta y demanda basado en la explotación. La Organización Internacional del Trabajo estimó que en 2024 los delitos relacionados con la trata generaron más de 230 mil millones de dólares en ganancias a nivel mundial.
México no es ajeno a esta crisis humanitaria. Tan solo en 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó más de 600 carpetas de investigación abiertas por delitos de trata de personas en todo el territorio mexicano. Detrás de cada número hay una historia truncada, un proyecto de vida interrumpido, una víctima que merece justicia y reparación.
En este contexto deshumanizante, las principales víctimas siguen siendo niñas, niños, adolescentes y mujeres. No obstante, en los últimos dos años se ha registrado un aumento en los casos de hombres sometidos a formas de explotación, principalmente de carácter laboral.
Reconociendo la gravedad de este delito y su impacto profundo en los derechos humanos, la actual administración ha reafirmado su compromiso con la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de trata de personas, al incorporarlo como una prioridad para el Gobierno de México.
Como parte de este compromiso, se encuentra en proceso de elaboración el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Este programa será un instrumento rector de política pública que establecerá las líneas de acción, estrategias y mecanismos institucionales para enfrentar de manera integral este delito, así como para garantizar el acceso a la justicia, la protección y la atención especializada a las víctimas.
Solo mediante una respuesta articulada, basada en el respeto a la dignidad humana y con perspectiva de género y de derechos, será posible avanzar hacia un país libre de trata de personas, libre de las nuevas formas de esclavitud.
Se espera que este programa establezca lineamientos estratégicos que faciliten la articulación de esfuerzos entre distintos niveles de gobierno y la sociedad civil, con el fin de combatir la trata de personas de manera eficiente y sostenible. A través de esta coordinación fortalecida, se pretende optimizar la prevención, sanción y erradicación de este delito, así como garantizar una protección integral y especializada para las víctimas.
La trata de personas no es un problema ajeno ni lejano. Es un fenómeno que ocurre en nuestras ciudades, en nuestras comunidades y, en muchos casos, a plena luz del día. Reconocerlo es el primer paso. Actuar frente a él, con empatía, firmeza y compromiso, es una obligación colectiva que no puede esperar.
Si permitimos que la trata persista, la humanidad, inevitablemente, retrocederá.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación