A los 10 años no sabía qué quería ser de grande, pero sí tenía la certeza de no querer vivir la brutal violencia que en ese momento vivía en mi casa, junto con mi madre.
La violencia contra las mujeres se normaliza en distintos ámbitos: en el hogar, el trabajo, en la comunidad o en cualquier otro lugar.
Todavía recuerdo que, en la Huasteca, cuando fui titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jesusa se abrió paso entre los asistentes y me dijo desesperada que su esposo alcohólico, la violentaba físicamente y, además, la obligaba a darle el dinero que se ganaba lavando ajeno.
Noté en su cara rabia cuando me comentó que el día que fue a denunciarlo con el delegado de la comunidad, éste le contestó sin miramientos: “aguántese, es su marido”.
En una época en que la empatía es un bien escaso, debemos ponernos en los zapatos de las víctimas. Además del dolor y frustración de los actos de violencia, está la indiferencia o complicidad de las autoridades que solo fomentan la impunidad de los agresores.
Hace una semana, por ejemplo, nos conmocionó un video en el que vimos cómo un hombre, con absoluta bajeza, acecha a una mujer y, sintiéndose dueño de la situación, le muerde un glúteo. Seguramente, ese agresor actuó sabiendo que no tendría ninguna consecuencia.
Y así fue inicialmente. La víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional, pero le informaron que no podía hacerse nada, pues no hubo ni robo ni violación. Fue gracias a la presión social que el agresor fue vinculado a proceso días después.
Otro caso de impunidad es el de la activista oaxaqueña Sandra Domínguez, quien en 2020 exhibió unos chats, a través de los cuales funcionarios y políticos locales compartían imágenes sexuales de mujeres indígenas mijes.
Actualmente, la activista está en calidad de desaparecida y familiares señalan como presunto involucrado al coordinador estatal de Delegados por la Paz, Donato Vargas, quien fue defendido por el gobernador Salomón Jara y quien fue acusado por la activista de participar en los chats.
La impunidad alcanza los más altos niveles. Hace unos días nos enteramos que Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado federal, fue denunciado por presunta violación en contra de su media hermana, parentesco que él rechaza.
Si bien la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no se encubrirá a nadie, el congreso local ya había destituido al fiscal de la entidad, quien había pedido el desafuero de Cuauhtémoc Blanco.
Otro caso, igual de grave, es el de Félix Salgado Macedonio, quien fue acusado por Basilia Castañeda y otras cinco mujeres por abuso sexual, sin ser juzgado. Ahora, Salgado Macedonio pretende, sin pudor, ser el gobernador de Guerrero en 2027.
Salgado Macedonio fue protegido por el expresidente López Obrador y veremos, ahora, si la Presidenta Sheinbaum hace válidas sus frases de “llegamos todas” y “es tiempo de mujeres”.
La Presidenta tiene que elegir si se pone del lado de las víctimas o de los agresores. De nada sirve tener una mujer mandataria, si ante los reclamos de justicia contra la violencia sexual, solo se preocupa por garantizar la protección política sus aliados.
Darle impunidad a Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado es una derrota moral para la 4T.
Comentario final: En lugar de seguir negando las acusaciones en conferencias de prensa, Cuauhtémoc Blanco debería enfrentar la ley sin fuero ¿no que el fuero ya no existía gracias a López Obrador?
Ciudadana