“Si no pagas cuota, te parten tu puta madre y el gobierno, bien gracias. Nos quemaron los 20 carros y cuatro empleados en el hospital a punto de morir… y de una vez que me maten a mí, no pasa nada. Un muerto más”, fue la narración de un trabajador de Autos Hermanos Barragán, minutos después de que integrantes del crimen organizado incendiaran vehículos del lote, en enero de 2024, en Uruapan, Michoacán.
En julio de ese mismo año, Anahí, una empleada de Farmacias Guadalajara, ubicada en el mismo municipio, fue asesinada a sangre fría por uno de los dos hombres que asaltaron el establecimiento, al no poder abrir la caja registradora que guardaba el dinero.
Ambos casos se hicieron virales en las redes sociales e indignaron a los michoacanos, sobre todo porque estos hechos de violencia no son aislados. En Tierra Caliente, la muerte tiene permiso.
Hace dos semanas, torturaron y asesinaron a Bernardo Bravo, líder limonero que se opuso a que el tianguis de Apatzingán operara con intermediarios controlados por el crimen organizado. Levantar la voz le costó la vida.
El pasado fin de semana, en plena plaza pública, mientras se realizaba la tradicional celebración de Día de Muertos, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue ejecutado a balazos.
Manzo, de apenas 40 años de edad, había combatido con los medios a su alcance a la delincuencia enquistada en la región. El pasado 8 de octubre denunció que 200 elementos de la Guardia Nacional, que estaban colaborando en las tareas de seguridad, habían sido retirados. Pidió a la presidenta y al secretario de Seguridad no dejar solo a Uruapan.
Su labor fue reconocida entre sus gobernados, pues, a pesar de admitir tener miedo, participó en los operativos contra el crimen. Por ello, su asesinato causó indignación. Michoacanos grabaron y subieron a sus redes videos en contra de la estrategia de seguridad y externaron su enojo porque, afirman, dejaron solo al alcalde.
Hombres y mujeres salieron a las calles y jóvenes tomaron las instalaciones de Palacio de Gobierno en la capital, Morelia. Las imágenes hablan por sí mismas: dos jóvenes sometidos en el piso, a los pies de granaderos envalentonados con casco y escudo y, cerca de ellos, un limón como arma.
Los michoacanos se rehúsan a acostumbrarse a la violencia. Se resisten, se defienden. Pese a sus protestas, en Palacio Nacional no cambian la narrativa. El mismo discurso de lamento y cero impunidad que se usó para condenar el asesinato del lider limonero se empleó para referirse a la ejecución del alcalde de Uruapan. Aún peor: culparon al pasado, a Felipe Calderón y a Enrique Peña.
La presidenta echó mano del viejo discurso de Andrés Manuel López Obrador para echar culpas, evadir responsabilidades y presentarse como víctima de las circunstancias. Como si Morena no llevara ya siete años en el poder.
La Presidenta Sheinbaum debe recordar que la víctima no es ella, sino Carlos Manzo. Es tiempo de que la primera mandataria asuma su responsabilidad constitucional. Como Jefa de Estado debe gobernar y no dividir a los mexicanos. Mientras tanto, en Michoacán, entre el miedo y la rabia, la gente se pregunta cuándo se hará justicia.
Comentario final
Semana seis: ¿Cuándo terminará la impunidad de Adán Augusto López?
Ciudadana