“Lo que sí te puedo asegurar es que son los trescientos cincuenta mil”, le dice el contratista Carlos Ahumada al entonces candidato a jefe delegacional de Tlalpan, Carlos Ímaz, mientras le entrega una bolsa de plástico con fajos de billetes en su interior. Las imágenes se observan en un video que se dio a conocer en marzo de 2004, como parte de los llamados “videoescándalos”, en los que se exhibieron a personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador recibiendo sumas importantes en efectivo de un proveedor del gobierno.
Producto del escándalo, en abril de ese mismo año, Ímaz Gispert dejó su cargo y se retiró de la política activa. Desde hace 22 años no ha buscado cargos de elección popular, ni ocupado responsabilidades relevantes en el servicio público. Supe de él hace dos semanas cuando recibí en mi domicilio una notificación de una demanda por supuesto daño moral. El motivo, de acuerdo con el escrito, es que afecté su imagen, reputación y honor con expresiones que realicé en el debate presidencial del 28 de abril de 2024.
“Se manifiesta que el demandante Carlos Ímaz es un político, académico y activista, quien atendiendo a su perfil público, a su profesión y actividad comercial es indispensable mantener su honor y su reputación de manera decorosa, ya que precisamente su buena reputación es necesaria e indispensable para poder ejercer su actividad profesional”, se lee en la demanda.
“A lo hecho pecho”, dirían en mi pueblo. El daño a su reputación surgió desde que se exhibió el video. ¿Si tanto le preocupaba su imagen y honra, por qué recibió fajos de billetes de manos de un contratista que daba servicios al gobierno de la ciudad? ¿Si es un político, por qué lleva más de dos décadas fuera del escenario público?
La demanda se presentó año y medio después de que expresara mi opinión en el segundo debate. Desconozco la tardanza de dicha presentación e ignoro también si al oficialismo le incomoda mi opinión para que intenten coartar mi libertad de expresión.
En aquella ocasión me pronuncié sobre hechos de conocimiento público, sobre un hecho ampliamente documentado. Las expresiones se dieron en el marco de un debate que forma parte de la vida democrática y el ciclo electoral. Sin libertad de expresión no hay democracia.
En un régimen plural las ideas se debaten, no se silencian ni se castiga a quienes las expresan. En un sistema autoritario se acallan las voces y se persigue a los opositores.
Desconozco si Carlos Ímaz regresará a la política activa después de dos décadas en el congelador. No sé si su mayor aspiración a visibilidad pública sea un pleito jurídico para acallar la libertad de expresión.
Comentario final
Nadie puede regatear la determinación con que la presidenta Claudia Sheinbaum y las fuerzas federales realizaron el operativo en el que fue abatido el líder criminal Nemesio Oseguera. Mi reconocimiento para ellos porque dejaron atrás la estrategia de “abrazos” que implementó su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Ahora corresponde a la Presidenta decidir si esta lucha la dará también contra gobiernos, políticos y altos funcionarios que tienen ligas con el crimen.
Semana veintiuno: ¿Cuándo terminará la impunidad de Adán Augusto López?
Ciudadana