No toda República es democrática, ni toda democracia necesita ser República. En el debate es común usarlos como si fueran sinónimos intercambiables, sin embargo, entender su diferencia, no es un lujo académico, es una herramienta fundamental para evaluar la calidad del gobierno y la solidez de las instituciones. México y España ofrecen una lectura provechosa en este contraste.
La forma del Estado no garantiza por sí sola el respeto a la voluntad popular. El primero de los conceptos, esencialmente, es un sistema en el que la autoridad se despliega por representantes votados y organiza la administración bajo una sólida ley. México, adoptó ese modelo desde sus orígenes modernos, pero también es insoslayable que su singularidad más notable ha sido su fragilidad. Aunque en el papel existen elecciones, la inestabilidad del aparato, la corrupción, la violencia y la captura de la Nación por intereses particulares, entre ellos el crimen, han erosionado la confianza de sus habitantes y la efectividad de sus derechos.
España, en cotejo, es una monarquía parlamentaria. El rey, figura simbólica, carece de músculo político. Las decisiones clave se toman en el Congreso escogidos por el pueblo, con contrapesos fuertes, opinión pública punzante y una sociedad civil activa. Pese a su heredada realeza, los peninsulares, gozan de una articulación consistente y funcional, en un ambiente de paz, distinto a la nuestra.
La disparidad revela algo elemental: mientras que la República es una composición jurídica creada por el hombre, la democracia es una práctica viva en manos de los ciudadanos que evoluciona en la medida en que se ejerce. No basta con acudir a las urnas si estas no son independientes ni objetivas, tampoco con proclamar el equilibrio, si el Ejecutivo domina al Legislativo y pronto someterá a la Corte y, sin duda, es insuficiente tener una Constitución si sus principios se violan impunemente de modo constante, de hecho, pareciere que rige un emperador.
Escuchamos cómo la 4T, en su discurso, se aferra al título de ‘República’ para disfrazar de legalidad métodos arbitrarios, es evidente que con su actuar, vacía el contenido democrático para destapar la condición autocrática que pretenden eternizar. Desestiman que sus acciones vulneran la división de poderes, y nos encaminan al absolutismo, les gusta ignorar las normas del juego, es curioso, son exactamente las mismas que les permitieron llegar; cierran los ojos ante lo indiscutible, saben que, sin libertades, sin jueces neutrales y sin alternancia, es una fachada sin sustancia, es burla, en la que los perjudicados somos todos, incluidos sus propios simpatizantes.
Enfrentamos el reto de proteger la estructura y hacerla verdaderamente progresista, eso nos obliga a ser críticos, reclamar entidades vigorosas y conservar a la prensa. Es categóricamente falso que la intervención del gobernado se agote en la boleta, por el contrario, se cimienta cada día con la defensa de las reglas, exigiendo transparencia del mandato y alzando la voz de manera firme.
Uniformar los dos términos puede llevarnos a tolerar simulaciones peligrosas, como la que ocurrirá el primer domingo de junio con el supuesto proceso judicial, por eso, conviene recordarlo, repetirlo hasta reivindicarlo: no solo es sostener la República; es aspirar a una democracia palpable, material, en pocas palabras, un prototipo de vida cotidiano, como el de los españoles.
Abogado. @VRinconSalas