La airada y concertada reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dirigencia y bancadas de Morena en el Congreso, ante la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; es un vano intento de ocultar la tragedia de las desapariciones en México.
El artículo 34 de la Convención establece que “Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.”
El anuncio, realizado por Olivier de Frouville, presidente del Comité, en la clausura del 28º período de sesiones de este organismo, provocó una reacción visceral que ha ido desde el envío de una nota diplomática por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo hasta la exigencia de destitución de Fronville, de Morena y aliados en el Senado.
Sin embargo, estas declaraciones se estrellan con la realidad y las propias cifras oficiales. El 30 de junio de 2021, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que de 1964 a 2021, se había acumulado una cifra de 89,488 personas desaparecidas y no localizadas en el país.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo 51 mil 703 personas desaparecidas; en tanto que, en los primeros cien días de la presente administración, se registraron más de 4 mil.
La decisión del Comité se da en el contexto del descubrimiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, que presuntamente fungía como centro de entrenamiento y desaparición de jóvenes secuestrados por el crimen organizado.
Tanto la presidenta, como quienes han expresado respaldo a su gobierno ante la posición del Comité, rechaza que en su gobierno haya desaparición forzada desde el Estado, sino que es a causa del crimen organizado.
Sin embargo, la Convención es muy específica al señalar que se entenderá por "desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
Y en la gran mayoría de las desapariciones forzadas en México se ha documentado la participación de agentes del Estado, ya sea de corporaciones policiacas, militares o autoridades de los tres niveles de gobierno. Así fue durante la Guerra Sucia, pero también en Ayotzinapa, el Rancho Izaguirre y en muchos otros miles de casos.
No es negando la realidad como se resolverá esta tragedia que enluta a México desde hace ya varias décadas, sino mediante una estrategia integral que atienda las causas, combata en serio al crimen organizado y la colusión de las autoridades con la delincuencia, reconociendo, de entrada, a los colectivos de madres buscadoras que han hecho el trabajo que las autoridades no quieren ni son capaces de cumplir.
