Luego de un proceso de consulta pública, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que preside Pablo Gómez, integra las propuestas de las iniciativas que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará al Congreso de la Unión en el periodo ordinario que inició este domingo 1 de febrero.
Si bien aún no están definidos los contenidos finales de las iniciativas, ya se perfilan algunos temas que generan resistencias entre los aliados de la Cuarta Transformación: el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Ambos temen que ciertas propuestas pongan en riesgo a sus propios partidos, que obtuvieron ventajas a partir de los acuerdos electorales construidos con Morena en 2018 y 2024, mismas que difícilmente podrían alcanzar por sí solos.
Morena los necesita para sacar adelante la reforma. De ahí que la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, haya abierto con ellos un proceso de diálogo que, hasta ahora, se ha negado a los partidos de oposición.
Por su parte, el PRI, PAN, MC y otras organizaciones políticas como Somos México han advertido sobre los riesgos de una reforma sin consenso, que solo beneficie al partido en el poder y que pueda significar una regresión democrática.
Hasta el momento, cuatro son los temas que han generado mayor discusión. Uno de ellos es la representación proporcional. Tanto la presidenta como Pablo Gómez han planteado reducir el número de legisladoras y legisladores electos bajo este principio, lo que ha generado controversia, pues podría vulnerar los derechos de las minorías, acotar la pluralidad, no reflejar la diversidad del voto ciudadano y favorecer la hegemonía del partido gobernante.
Otro tema es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. La presidenta ha señalado que se destina una cantidad excesiva de recursos públicos a estas organizaciones. Sin embargo, es importante recordar que el financiamiento público busca garantizar la equidad en la competencia electoral y evitar que intereses privados influyan de manera indebida en las decisiones públicas.
Un tercer asunto se refiere a las competencias del Instituto Nacional Electoral (INE), que incluyen la reducción de su presupuesto, la disminución de su estructura administrativa, la posible acotación de su autonomía y la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Estos planteamientos no son nuevos; ya habían sido propuestos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del llamado Plan C, pero en su momento la oposición logró frenarlos.
Finalmente, está el tema del consenso. Históricamente, las reformas electorales en México han sido resultado de amplios acuerdos entre el gobierno, el partido en el poder, la oposición, el Congreso, especialistas, autoridades electorales y organizaciones de la sociedad civil. Un avance clave fue separar al gobierno de la organización de las elecciones para evitar el uso faccioso del aparato estatal.
Gracias a ello, el país logró elecciones más equitativas y transparentes, mayor pluralidad política y una democracia más sólida. El riesgo hoy es que una reforma se imponga desde el Estado en beneficio del partido gobernante, bajo el argumento de que responde a la voluntad del “pueblo”.
Actualizar el sistema político-electoral es legítimo, pero toda reforma debe ser progresiva, producto de una discusión amplia y plural, con alto consenso, y garantizar los avances democráticos, incluida la paridad y la erradicación de la violencia política de género. Las mujeres somos más de la mitad de la población y nuestra voz debe ser escuchada.
