En cualquier otro país, un caso de abuso sexual infantil debería ser un escándalo, pero en México la pederastia crece de manera alarmante en un contexto de impunidad, corrupción e indolencia de las autoridades.
El 14 de abril de este año, Yudiel Flores Tovar fue encontrado asesinado en su celda del Penal de El Amate, en Chiapas. Tenía una sentencia de más de cien años acusado de explotación infantil, pornografía infantil y violación agravada en contra de menores de edad.
Sin embargo, la cárcel no detuvo a este depredador. A su muerte, fue hallada en su celda evidencia de que, aún detenido, seguía abusando de infantes y los responsables del penal no lo evitaron.
El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se investiga si las víctimas de los videos que dan cuenta de los abusos son familiares de los propios internos, pues ésta sería la única forma en que un infante podría ingresar al penal, resaltando la probable complicidad de elementos de seguridad de El Amate para que esto pudiera ocurrir.
Es por ello, que independientemente de la investigación relacionada con la muerte del recluso, es indispensable que la Fiscalía también investigue estos hechos y dirima las responsabilidades correspondientes entre las y los funcionarios que permitieron que esto sucediera, llegando hasta los niveles más altos del gobierno estatal, debido a la irregularidad de la presencia de menores de edad en esas instalaciones penitenciarias.
Desafortunadamente este no es un caso aislado. En su informe “Violencia sexual contra la niñez y la adolescencia en México (2010-2023)”, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) señala que durante este periodo en los hospitales del país se atendió por violencia sexual a 9,802 personas de entre 1 y 17 años.
Sin embargo, hay una cifra negra que no permite medir el tamaño real de esta tragedia. Según cálculos de la REDIM, “el número de niñas, niños y adolescentes atendidas por violencia sexual en hospitales del país no corresponde con la totalidad de las víctimas de violencia sexual a nivel nacional.”
Sucede que hay muchos casos de abuso que no se denuncian porque el perpetrador tiene vínculos familiares con la víctima.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la violencia contra la infancia –ya sea física, emocional o sexual–tiene efectos graves y provocan lesiones, infecciones de transmisión sexual, problemas de salud mental como ansiedad, depresión, y la muerte.
A decir del Instituto Nacional de Salud Pública, el abuso sexual infantil es un grave problema de salud pública, representa una de las peores formas de violencia y es un claro ejemplo de la violación de los derechos de las niñas y los niños. (La importancia de priorizar la prevención del abuso sexual infantil en Morelos, 20/11/ 2024)
Por todo lo anterior, me sumo a diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos de la infancia que convocan a las autoridades competentes, organizaciones civiles, personalidades e instancias nacionales e internacionales, a redoblar los esfuerzos para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, grupo de la población que ha sido víctima de la corrupción e indolencia de las autoridades.
En el caso de El Amate, emplazamos en particular al gobierno del estado de Chiapas a no dejar que la corrupción de las autoridades carcelarias quede impune.
Es urgente ponerle fin a la indolencia e impunidad ante los abusos sexuales de miles de niñas, niños y adolescente en México.
