Como parte del informe anual presentado a la Asamblea General de la ONU, en el contexto del 80º Periodo de Sesiones, el presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), Juan Pablo Albán Alencastro, anunció la activación en relación con México del proceso establecido en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El CED es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención por sus Estados Partes.
El artículo 34 de la Convención dispone que "si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.” (CED, abril de 2025)
De acuerdo Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), se entiende que el carácter generalizado supone un ataque en gran escala, dirigido contra un número significativo de personas; mientras que el carácter sistemático se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia, a la improbabilidad de que tengan un carácter fortuito y a la existencia de ciertos patrones en la ejecución de los actos, que se repiten regularmente.
A través de su micrositio “Red Lupa”, el IMDHD difunde un informe nacional en el que establece que, hasta mayo de 2025, México registraba 128,064 personas desaparecidas.
Esta organización sostiene que “después de llegar en el 2022 a 100,000 casos de personas desaparecidas la cifra aumentó en un 7.3% en el 2023 y siguió aumentando en el 2024 en un 6.3% y en el 2025 en un 12%. A la fecha los reportes de casos de personas desaparecidas siguen en aumento.”
El CED analizó información proporcionada por diversas organizaciones ciudadanas, además de la visita de expertos al país, para tomar la decisión de activar el artículo 34 de la Convención.
En un comunicado, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó la activación del artículo 34 y sostuvo que “las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas carecen de sustento y no son admisibles.”
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que “el fenómeno de la desaparición forzada en México está principalmente vinculado con la delincuencia organizada. Por lo que corresponde al Gobierno, se implementa una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, al tiempo que se avanza y robustece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.”
Sin duda esta respuesta minimiza la crisis. Cierto es que la delincuencia está atrás de gran parte de las desapariciones, pero hay evidencias muy claras de vínculos de funcionarios y elementos de las Fuerzas Armadas y corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, con el crimen organizado.
Evadir este hecho, es como pretender tapar el sol con un dedo, ignorando el dolor de las familias de miles de personas desaparecidas.