Una ola de indignación recorre el país ante el hallazgo de presuntos crematorios clandestinos y un campo de exterminio descubiertos en rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. El sitio también se utilizaba supuestamente como un centro de entrenamiento del crimen organizado.
No es, sin embargo, una sorpresa. México enfrenta una crisis generalizada y sistemática de personas desaparecidas y no localizadas que ya sobrepasa las 123 mil víctimas, según el reporte más reciente de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Los cinco estados que tienen el mayor número de personas desaparecidas son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León. 48% de personas desaparecidas del país se concentran en estas entidades, de acuerdo con el Informe Nacional de personas desaparecidas 2024, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Según este estudio, el rango de edad en el cual se concentran la mayoría de las personas desaparecidas es de los 25 a 29 años. De los 0 a los 19 años se concentra el 18% del registro de personas desaparecidas.
Hasta mayo de 2024, Jalisco registraba 14,986 desapariciones, 84.83% son hombres, aunque con un alto porcentaje de 15.04% de mujeres. En 2024, 1,203 personas tenían menos de 18 años cuando fueron desaparecidas, siendo la mayoría niños, exactamente el 54.53%
La desaparición de cinco jóvenes entre 19 y 22 años en Lagos de Moreno, Jalisco, ocurrida el 11 de agosto de 2023, y la posterior difusión de escenas brutalmente violentas de las que habían sido objeto conmocionó al estado y al país. Ahora surgen indicios de que estos jóvenes podrían haber sido torturados en Rancho Izaguirre.
Desde hace varios años surgió una alerta de una estrategia desplegada por un grupo del crimen organizado que, mediante engaños, falsas promesas de empleo y secuestro reclutaba jóvenes para forzarlos a entrar a sus filas para perpetrar delitos y usarlos como soldados, previamente entrenados, en sus confrontaciones con otros grupos en Jalisco y diversos estados donde enfrentaban conflictos o a donde se quería expandir.
Rancho Izaguirre presuntamente era uno de los sitios utilizados como centro de entrenamiento y al menos dos sitios similares ya habían sido encontrados antes.
Pero entonces, como ahora, la respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno fue ineficaz, tardía e insensible. Es inadmisible que, habiendo sido asegurado desde finales de 2024, luego de un operativo y revisión del predio, la Guardia Nacional no halló indicios de presuntas desapariciones.
En todo el país han sido las organizaciones ciudadanas la que realmente han hecho los hallazgos más estremecedores. En este caso fue Guerreros Buscadores de Jalisco, conformado por familiares de desaparecidos por la violencia, la que encontró restos óseos en fosas clandestinas e indicios de que los cuerpos habían sido calcinados, luego de recibir llamadas anónimas de presuntas víctimas.
Las autoridades siguen sin dimensionar la magnitud del problema. Lo que se ha escuchado hasta ahora son justificaciones y evasiones de responsabilidades, desde la presidencia municipal, pasando por el gobierno del estado, hasta la Fiscalía General de la República.
Pero la sociedad no está dispuesta a tolerar más. Luego del hallazgo en Teuchitlán, diversas organizaciones, como nunca había sucedido, llamaron a un luto nacional en memoria de miles de personas desaparecidas y más de 200 colectivos calificaron este hecho, de manera contundente, como un crimen de lesa humanidad. De este nivel es la crisis de personas desaparecidas y no localizadas en México.
