Por Vania Pérez Morales
El reciente trabajo periodístico titulado “Licencia para robar. Segalmex: El hoyo negro que devoró a la 4T”, de Zedryk Raziel y Georgina Zerega, no solo es un escándalo; es una oportunidad para que las personas implicadas en el caso Segalmex rindan cuentas y la impunidad no sea la canción repetida de este sexenio.
La obra de investigación periodística revela el hoyo negro que devoró parte de las mejores intenciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La lección es obvia: no bastan la voluntad ni el propósito de asistir a los más vulnerables; la administración pública exige pericia y técnica, o la corrupción termina tocando la puerta de las instituciones, por noble que sea la causa.
Desde el escándalo de las baterías con sello Segalmex halladas en un supermercado de Polonia, hasta las declaraciones de Manuel Lozano que señalan a Ignacio Ovalle como principal responsable, involucrando al ex Consejero Jurídico de Presidencia Julio Scherer Ibarra y su recomendando Bernardo Fernández Sánchez, se desmorona la narrativa según la cual al ex titular de Segalmex lo “engañaron” sus cercanos. Por el contrario, emergen vínculos sostenidos por favores y contratos menores que habrían apuntalado, en tiempos de “vacas flacas”, la posición de Ovalle, quien más tarde devolvió favores dentro de la red de corrupción que alcanzó Segalmex, hoy llamada Alimentación para el Bienestar.
Tenía razón el presidente cuando, al encomendarle el proyecto a Ovalle, dijo que harían “lo de la Conasupo, pero mejor”. Ovalle fue el número dos de Conasupo en tiempos de Raúl Salinas (en el priismo más neoliberal) etapa con irregularidades señaladas ante la Cámara de Diputados, y en cuyo contexto el propio funcionario participó durante las investigaciones.
Y si de corrupción hablamos, el resultado sí fue “mejor”: mayor margen de maniobra, mayor alcance y un desfalco más profundo. Los más de 15 mil millones de pesos señalados en el sexenio pasado no son un hallazgo fortuito de la ASF, sino la huella de un modus operandi que muestra, de cuerpo entero, cómo se saqueó el erario a costa de quienes debían recibir la canasta básica, de productores cobijados por precios de garantía, y de un proyecto que pudo abonar al combate de la pobreza.
Según el libro y los testimonios recopilados, Segalmex operó como una maquinaria de captura institucional encabezada por Ignacio Ovalle y su círculo, con René Gavira en finanzas y operadores como Luis Fernando Zurita y Manuel Lozano. Bajo ese mando se debilitaron controles: se dejaron de exigir fianzas y garantías contractuales; se autorizaron compras y obras sin permiso; se tercerizaron funciones innecesarias mientras los inventarios del programa de precios de garantía se volvieron opacos; y las denuncias internas, pese a elevarse al OIC, la ASF, Hacienda y Presidencia, obtuvieron escasa respuesta.
Sobre ese terreno fértil prosperó la “megaestafa” de la leche: plantas pagadas y no recibidas, triangulación de producto, incluso bajo la marca Liconsa, para inflar márgenes, y la bandera de la “autosuficiencia” como coartada. En paralelo, un esquema financiero canalizó dinero público hacia bonos basura e instrumentos prohibidos, amparado en un oficio que vincula a Ovalle con la autorización de inversiones a 11%. Luego, los movimientos no se reportaron al Consejo de Administración y se violaron reglas que impiden perder el control directo de los recursos. Las rutas del dinero alcanzan fideicomisos (Chiapas, Yucatán) y flujos asociados a la Estafa Maestra y Operación Safiro.
A ello se suman testimonios sobre entregas de efectivo, las “bolsas de Liverpool” y estimaciones de hasta 350 millones de pesos “limpios” atribuidos a Ovalle. Todo encaja en un patrón de asignaciones directas, simulación de competencia y puertas giratorias con proveedores (por ejemplo, Kosmos/Serel), sostenido por opacidad documental y versiones contradictorias, pese a 22 órdenes de aprehensión y a la exigencia pendiente de rendición de cuentas y resarcimiento del daño por miles de productos no entregados.
Gracias a Georgina y Zedryk, este libro prueba que el periodismo de investigación es un faro, que, si bien muestra las cadenas de la impunidad, también alumbra una nueva posibilidad de romper con ese pacto.
VANIA PÉREZ MORALES
Ciudadana, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México.
