Vania Pérez Morales
El 27 de junio de 2015, la reforma al artículo 113 de la Constitución dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Esta propuesta surgió como respuesta a una serie de escándalos de corrupción, tanto de los gobiernos panistas como del llamado “Nuevo PRI”. A una década de su creación, el SNA ha acumulado discursos, mesas de trabajo y compromisos institucionales que no se han traducido en resultados concretos. Es evidente que nos hemos quedado en la protesta y los posicionamientos, sin lograr una reducción efectiva en los niveles de corrupción en México.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 es clara: el 14% de la población adulta en zonas urbanas fue víctima de corrupción al interactuar con servidores públicos. Solo el 4.8% denunció, a pesar de que el costo promedio anual de estos actos asciende a más de tres mil pesos por persona, lo que representa un total de 11,900 millones de pesos. Esta carga económica es aún más grave para quienes viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, cuyos ingresos rondan entre 1,800 y 2,400 pesos mensuales. En estos casos, la corrupción puede consumir hasta el 10 % de sus ingresos. La corrupción no es un concepto abstracto: es un impuesto injusto que pagamos todos, y que, según estimaciones como las de la International Chamber of Commerce México, representa alrededor del 5 % del PIB.
Frente a esta realidad, el SNA ha fallado en lo más importante: generar resultados tangibles para las víctimas, y garantizar que la corrupción se investigue, sancione y prevenga.
El problema no es solo técnico: es estructural
La Plataforma Digital Nacional (PDN), pensada como el eje de inteligencia del SNA, sigue sin operar plenamente. A ocho años de su creación, dos de sus sistemas continúan inconclusos y los ya implementados se limitan a almacenar datos, sin que estos sirvan para detectar irregularidades, cruzar información o formular políticas públicas. La información proviene principalmente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), y aunque ofrece más de ocho millones de datos, su utilidad es limitada: en la práctica, es una réplica de Declaranet.
Los recientes escándalos de corrupción, sumados a experiencias internacionales, muestran que el análisis automatizado e interconectado con otros sistemas, como los del SAT, permitiría detectar señales de alerta: desde incrementos patrimoniales injustificados, hasta compras de propiedades que no corresponden con los ingresos históricos de los servidores públicos. Estas herramientas ya se aplican en otros países, donde han probado su eficacia en la prevención y detección de delitos.
Hoy, la PDN no aporta valor agregado. No debería ser un simple archivo digital, sino una herramienta dinámica capaz de identificar riesgos, generar alertas y facilitar el trabajo de las autoridades. Un ejemplo claro: el caso del ex primer ministro tailandés Prawit Wongsuwan, descubierto gracias a la comparación entre su declaración patrimonial y fotografías públicas que evidenciaban una colección de al menos 25 relojes de lujo.
La ausencia de un canal único y confiable para denunciar corrupción, la falta de seguimiento a grandes casos emblemáticos (como Odebrecht, La Estafa Maestra o Segalmex), y la opacidad en los tribunales administrativos dibujan un patrón preocupante: el SNA acumula más promesas que resultados.
En su diseño original, el sistema preveía que la ciudadanía pudiera presentar casos de corrupción directamente ante las autoridades, confiando en que los ciudadanos expertos al frente del SNA, sin restricciones, serían capaces de girar la llave que permitiría lavar con integridad el sinnumero de casos que han dañado la fama de México, para propios y extraños. Sin embargo, esa expectativa ha sido defraudada.
A ello se suma la falta de nombramientos clave, así como el debilitamiento o captura política de los sistemas locales anticorrupción. En conjunto, todo apunta a que el modelo fue diseñado para no incomodar a nadie.
No basta con protestar: hay que proponer
Decir que el SNA está estancado no es suficiente. Como Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, del Comité Coordinador, y por lo tanto, Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, mi convicción ha sido clara: no hay protesta sin propuesta.
Estos son los cambios urgentes para que el sistema funcione:
- Activar plenamente la PDN, con interoperabilidad real, identificadores únicos, evaluaciones técnicas anuales, y la conexión efectiva de las 32 entidades federativas. Los cruces de datos deben servir para la prevención y detección de riesgos.
- Establecer un canal nacional de denuncias, seguro, accesible y con mecanismos de seguimiento. La ciudadanía necesita ver que la impunidad no es la regla.
- Priorizar y dar seguimiento institucional a grandes casos de corrupción, con criterios públicos y claros. Se requiere por lo menos un caso de combate exitoso para demostrar que no todo son discursos, sino compromisos reales.
- Publicar informes nacionales sobre sanciones, recuperación de activos y reparación del daño. No basta con castigar: necesitamos que los Duartes, las Estafas Maestras y los Segalmexes devuelvan lo robado.
- Blindar legalmente la operación del SNA y de sus sistemas locales, protegiéndolos de capturas políticas o reformas regresivas. Esto incluye realizar todos los nombramientos pendientes que permitan su funcionamiento pleno.
La corrupción es un fenómeno dinámico: se adapta, se profesionaliza, actúa en red y se infiltra en los espacios que no están protegidos por sistemas sólidos de rendición de cuentas. Si el SNA no se reforma y fortalece, terminará siendo una promesa vacía, un mecanismo que, en lugar de vigilar, terminó siendo un reflejo de las instituciones que debía coordinar.
Reconstruir el SNA implica volver a su propósito original: servir a una ciudadanía que hoy gasta el 10 % de su ingreso en corrupción. Es necesario crear controles reales, proteger a víctimas y denunciantes, seguir el rastro del dinero desviado y cerrar los espacios donde se prospera la impunidad.
Si algo nos enseñan estos diez años es que la inacción también es una decisión política. La burocratización de los mecanismos de rendición de cuentas es insostenible. La ciudadanía no puede, ni debe seguir tolerándola.
Porque si no exigimos cambios, todos terminamos siendo responsables.
Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción
