En los últimos meses hemos visto, hasta el cansancio, el despilfarro de algunos servidores públicos en productos de lujo, viajes y “favores” que nadie explica. En la vida privada cada quien decide; en el servicio público, no. La razón es simple: ahí se administra poder y recursos que pertenecen a todas y todos. Por eso la Constitución obliga a quienes ocupan un cargo a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses. No es una cortesía: es un deber constitucional.
¿Por qué importa? Primero, porque si una persona servidora pública ostenta ingresos o beneficios que no provienen de su remuneración, cabe la duda de si está dedicando su tiempo completo al encargo. Segundo, porque esa “otra actividad” puede generar conflicto de intereses. Y tercero, porque si no lo transparenta en su declaración, vulnera el sistema de control preventivo del Estado mexicano; mucho del andamiaje creado en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) refuerza ese andamiaje: obliga a todas las personas servidoras públicas a presentar declaraciones patrimonial y de intereses, con plazos claros y bajo protesta de decir verdad. Esas declaraciones sirven: no son papel para archivar. Con ellas, las Secretarías y los Órganos Internos de Control pueden verificar la evolución patrimonial, cruzar datos, detectar inconsistencias y encender alertas sobre posibles flatas administrativas graves o hechos de corrupción. Si un incremento patrimonial no es explicable con la remuneración, la autoridad debe requerir aclaraciones y, de ser necesario, integrar expediente y denunciar.
La veracidad es el principio rector. El artículo 37 de la LGRA prevé la verificación de la evolución patrimonial y las acciones ante incrementos no justificados. Por su parte, el artículo 108 de la Constitución reconoce que las personas que servimos y percibimos recursos públicos debemos presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, con información cierta y completa, en los términos que determina la ley.
También hay límites éticos básicos: las personas servidoras públicas deben conducirse con integridad y abstenerse de solicitar o aceptar dádivas, obsequios o regalos, porque sustituyen el interés público por el privado. No hay zonas grises. Aceptar beneficios indebidos no es sólo un problema ético: puede configurar faltas administrativas graves e incluso delitos como el cohecho. Intervenir en asuntos donde exista conflicto de interés erosiona la legitimidad institucional y abre la puerta a decisiones sesgadas.
No se trata de “moralizar” la vida pública, sino de cumplir la ley y preservar la confianza. Decir que “el pueblo” regala collares de más de doscientos mil pesos; que una aerolínea obsequia vuelos; que existen notarías al servicio de intereses privados; que servidores —gracias al trabajo incansable de luchas y generaciones enteras reclamando justicia— pueden ir a Japón y comprar arte como si nada; o que se ordenan “estudios” con proveedores que, fortuitamente, también trabajan para la institución del propio servidor —esa misma que juró romper privilegios de la élite política y académica—; o que no se publicarán declaraciones, normaliza la incongruencia. Eso viola deberes públicos elementales.
La salida es sencilla: quien quiera explorar mercados, patrocinios y cortesías, tiene amplísimo espacio en el ámbito privado. En lo público, en cambio, hay muchísima gente capaz y dispuesta a servir con congruencia, ética e integridad. Sin corrupción.
Este texto es un llamado a exigir a todas las personas servidoras públicas que presenten a tiempo sus declaraciones, las transparenten y expliquen cualquier discrepancia. Y que no se ofendan cuando la ciudadanía pregunta cómo le hace alguien que gana una cantidad y exhibe un estilo de vida muy superior: preguntar y saber es nuestro derecho; rendir cuentas es su obligación.
No nos acostumbremos a la incongruencia. La integridad no es un ornamento del cargo: es una condición para vivir en un ambiente libre de corrupción.
Ciudadana, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México.