Andrea Horcasitas Martínez - Encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
El hallazgo del campo de exterminio y centro de reclutamiento en Teuchitlán no solo conmocionó al país entero, sino que ha catapultado una serie de respuestas y apertura de procesos, tanto a nivel legislativo como en la propuesta de próximas mesas de trabajo con familias y colectivos de toda la república.
Si bien es de celebrarse que desde el Poder Ejecutivo se esté planteando tomar medidas para atender la tragedia que atraviesa a más de 125,000 familias en México, es fundamental garantizar que estos esfuerzos no se limiten a respuestas simbólicas. En este sentido, resulta indispensable asegurar que la participación de las familias en los procesos de consulta y toma de decisiones constituya un compromiso genuino por parte de las autoridades, y no únicamente un mecanismo para canalizar o contener la legítima demanda social.
Es indispensable que los procesos de consulta que se avecinan no repitan los errores de administraciones anteriores y se consoliden como espacios genuinos de dignificación para las familias y sus voces. Eso resulta aún más urgente ante el reiterado patrón de omisiones, falta de transparencia y prácticas de criminalización que han enfrentado históricamente y que observamos recientemente durante la investigación del hallazgo en el Rancho Izaguirre, donde las autoridades impidieron la entrada a las familias en reiteradas ocasiones, alterando el sitio y mermando con ello la posibilidad de los colectivos de identificar indicios o recolectar evidencias que les acerquen a la localización de sus seres queridos.
Cabe señalar que estas medidas se presentan en un contexto marcado por una alarmante escalada de agresiones contra personas buscadoras en diversas regiones del país. Tan solo hace unos días, falleció Teresa González Murillo tras haber permanecido hospitalizada debido a un disparo recibido durante un ataque perpetrado en su domicilio en Guadalajara, Jalisco. Teresa buscaba a su hermano Jaime, desaparecido desde septiembre de 2024.
A este hecho se suma el caso de Magdaleno Pérez, quien fue detenido y torturado por policías municipales en Poza Rica, Veracruz, y falleció a causa de las lesiones provocadas. Magdaleno buscaba a su hija, Diana Paloma. Asimismo, se reportó el secuestro de Alin, hija de la buscadora Aída Isidro, también ocurrido en Poza Rica. Estos hechos no son aislados, sino que es algo a lo que se enfrentan las familias y colectivos de búsqueda de manera recurrente y sistemática.
A unos días del 19 y 20 de abril, cuando decenas de colectivos a nivel nacional conmemorarán el Día de las Familias Buscadoras con acciones de memoria, propuestas artísticas y búsquedas en campo, cabe recordar que en el corazón de esta tragedia están las familias. Ellas son las que buscan diariamente, entre las piedras, a sus seres queridos desaparecidos.
Cualquier esfuerzo orientado a reformar, fortalecer o crear nuevas herramientas, protocolos e instituciones debe incluir sus voces y experiencias. Con las omisiones observadas en Teuchitlán en los hombros de la Presidenta, se vuelve todavía más necesario garantizar que las consultas que se avecinan se traduzcan en mecanismos reales de inclusión, escucha y corresponsabilidad. Desde el Programa de Derechos Humanos nos sumamos al llamado que han hecho las familias en todo el país para que sus voces sean escuchadas, sin ellas cualquier decisión carece de sentido.
