Tiempo y trabajo

Cada derecho laboral lleva la huella de una disputa por la dignidad. La jornada máxima, el descanso semanal, el salario mínimo, la indemnización y la libertad sindical fueron conquistas de generaciones que se organizaron para poner límites al poder económico. El próximo 28 de agosto se cumplen 95 años de la publicación de la primera Ley Federal del Trabajo; y la efeméride llega cuando México vuelve a transformar una dimensión esencial de su pacto laboral: el tiempo de nuestra vida que dedicamos al trabajo.

La Constitución de 1917 dio el paso decisivo al reconocer, en nuestro artículo 123, que la relación entre quien trabaja y quien dispone del capital ocurre dentro de una desigualdad real de poder. El Estado asumió entonces la responsabilidad de establecer límites, garantizar derechos y proteger a la parte trabajadora. Luego, la Ley Federal del Trabajo del 28 de agosto de 1931 convirtió ese mandato en una arquitectura nacional. Reguló la jornada, los descansos, el salario, los riesgos profesionales, la contratación colectiva y el derecho de huelga. El trabajo adquirió una dimensión pública y política; en él se definía una parte fundamental del proyecto de nación.

Noventa y cinco años después, esa historia continúa. La reforma al artículo 123 constitucional, publicada el 3 de marzo de 2026, establece la jornada laboral de 40 horas semanales y la legislación secundaria fija una transición gradual: 48 horas durante 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030. También deja a salvo los salarios y las prestaciones, que deberán conservarse íntegros durante el proceso.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 64% de las personas trabajadoras todavía labora más de 40 horas semanales; 41% trabaja entre 41 y 48 horas, y 13% entre 49 y 57 horas. Detrás de esos porcentajes hay millones de vidas organizadas alrededor de jornadas extensas: madres y padres que llegan a casa cuando sus hijas e hijos están por dormir; personas que cuidan a familiares mayores y deben resolverlo todo con prisa; y quienes destinan varias horas adicionales a trasladarse. También hay cansancio acumulado, deterioro de la salud y una convivencia familiar reducida a los márgenes del día.

Por eso, la historia de los derechos laborales también puede leerse como la historia de la recuperación del tiempo propio. El salario representa una parte central de la justicia laboral. El tiempo constituye otra forma de riqueza. Nos permite cuidar, aprender, convivir, descansar, hacer ejercicio, participar en nuestra comunidad y construir proyectos personales. Una sociedad democrática necesita ciudadanas y ciudadanos con tiempo para vivir y participar en los asuntos colectivos.

La reducción de 48 a 40 horas semanales representa, al alcanzar su aplicación plena, 416 horas recuperadas cada año. Equivale a 52 jornadas laborales de ocho horas, más de un mes y medio de vida que regresa a cada persona trabajadora. Su significado rebasa cualquier cálculo administrativo. Estamos redistribuyendo uno de los bienes más valiosos y desigualmente repartidos de nuestra época.

La tarea pública será garantizar una aplicación efectiva, particularmente en los sectores donde predominan la informalidad, la subcontratación irregular y las relaciones laborales precarias. La transición exige acompañamiento para las pequeñas unidades económicas, capacidad de inspección y diálogo social. También requiere una convicción política firme: la modernización productiva debe traducirse en bienestar compartido.

En 1931 construimos instituciones para proteger a quienes levantaban el México industrial del siglo XX. En 2026 estamos renovando ese pacto para responder a una sociedad marcada por los cuidados, los largos traslados, las nuevas tecnologías y el derecho a una vida digna. Cada hora recuperada expresa el sentido profundo de la transformación: el desarrollo encuentra su razón de ser cuando la prosperidad se convierte en tiempo, salud, convivencia y libertad para nuestro pueblo.

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