En las últimas semanas, la relación entre México y Estados Unidos ha estado marcada por una tensión constante que oscila entre la cooperación y la presión, una estrategia que Washington ha aplicado históricamente no solo con nuestro país, sino con múltiples naciones. Un claro ejemplo de esta política exterior es el actual conflicto diplomático entre Donald Trump y Volodímir Zelensky, que evidencia un deficiente manejo de la relación bilateral y el desinterés del gobierno estadounidense por atender las verdaderas necesidades de sus aliados cuando estas no se alinean con sus propios intereses estratégicos. Más aún, este episodio exhibe el uso instrumental de la diplomacia como un mecanismo de presión con fines internos, dejando claro que, para la Casa Blanca, las relaciones internacionales responden más a cálculos políticos internos que a principios de cooperación internacional.
Mientras tanto, a nivel interno, México enfrenta desafíos estructurales que han persistido por décadas, pero que, en los últimos años, han comenzado a ser atendidos con una visión más incluyente y orientada a la justicia social. La desigualdad, aunque sigue siendo una de las problemáticas más profundas del país, ha sido abordada con políticas de redistribución de la riqueza y fortalecimiento de programas sociales. De acuerdo con el Coneval, entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza se redujo del 41.9% al 36.3%, lo que significa que millones de personas han mejorado sus condiciones de vida. Sin embargo, el 56.6% de la población mexicana aún pertenece a la clase baja, mientras que solo el 1.2% se clasifica como clase alta. Entonces consolidar esta tendencia y lograr que el crecimiento económico beneficie a todos por igual debe ser la prioridad.
En el ámbito laboral, a pesar de los avances en esta rama, como el aumento al salario mínimo —que ha crecido en términos reales más del 110% desde 2018—, sigue existiendo un largo camino para que estos cambios se reflejen de manera uniforme en todos los sectores productivos.
El Poder Judicial también se encuentra en un punto de inflexión, pues estamos en un país donde históricamente la impartición de justicia ha favorecido a las élites y ha funcionado con opacidad. Por ello, el hecho de discutir estos temas ya representa un avance en la construcción de un sistema más transparente y cercano a la ciudadanía.
A ello se suma el debate sobre la reforma para erradicar el nepotismo dentro de las instituciones, una práctica que, por décadas, ha afectado la confianza en el Estado. En este contexto, el Congreso ha decidido postergar su aplicación hasta 2030, lo que genera dudas sobre los tiempos de su implementación. ¿Cuáles serán los efectos de este aplazamiento?
Por todo ello, no resta sino reconocer que nos encontramos en un momento clave, enfrentando al mismo tiempo presiones externas y retos internos que requieren decisiones estratégicas. Sabemos que debemos fortalecer nuestra soberanía sin romper relaciones clave en el ámbito comercial y político; mientras que, en el plano interno debemos avanzar hacia un modelo de justicia más equitativo sin comprometer la independencia judicial, para demostrar la solidez de nuestras instituciones y la gobernabilidad.
Tenemos frente a nosotros una serie de retos complejos que no pueden aceptar respuestas simples. En la relación bilateral con Estados Unidos hemos demostrado disposición por el cumplimiento de los compromisos. Por otro lado, en la parte interna, nuestra presidenta ha demostrado un liderazgo que se palpa en las encuestas, con un incremento en su aprobación que, de acuerdo con El Financiero, pasó de 70 puntos en octubre a 85 en febrero. Sin duda vamos bien, por ello generar un debate informado para que la sociedad participe de manera activa en la construcción del futuro del país, se vuelve hoy más que nunca necesario e indispensable.
Académico y especialista en políticas públicas en materia de procuración de justicia y paz