Este 9 de junio se cumplen 46 años de una reforma constitucional que muchas veces pasa inadvertida, pero que ocupa un lugar central en la vida educativa, académica y democrática de nuestro país. Ese día, en 1980, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3º constitucional que reconoció la autonomía de universidades e instituciones de educación superior, junto con la libertad de cátedra, la libertad de investigación, el libre examen y la libre discusión de las ideas. La fecha merece recordarse porque habla de una conquista jurídica y cultural, como resultado de casi dos décadas de lucha estudiantil universitaria.
Por eso, también conviene recuperar una reflexión de Claudio Bonvecchio cuando habla de la universidad, la cual suele imaginarse como un espacio puro y neutral, separado de la realidad cotidiana que enfrenta la sociedad. Imagen incompleta, pues la universidad también ha sido atravesada por relaciones de poder, disputas ideológicas, burocracias, intereses económicos, jerarquías internas, mercados profesionales y proyectos de nación. Así, reconocer esa complejidad permite valorar mejor la autonomía, para continuar protegiendo la posibilidad de que la universidad se piense críticamente a sí misma y pueda responder a la sociedad sin quedar subordinada a presiones externas ni a inercias internas.
La universidad puede ser un espacio de emancipación intelectual, pero también puede reproducir privilegios, repetir dogmas, aislarse de los problemas sociales o quedar sometida a una lógica puramente instrumental. En este sentido, pensar la educación superior para formar a personas capaces de comprender su tiempo, leer críticamente la realidad y participar con responsabilidad en la vida pública, pasa por un ejercicio legítimo de libertad de cátedra.
El Universal Responde
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El conflicto es inherente a la vida social. Aparece en las aulas, en los sindicatos, en las comunidades, en las universidades, en los partidos, en las instituciones y en las calles. En este contexto, una democracia es madura por la forma en que atiende esos conflictos. Cuando los conflictos políticos y sociales encuentran cauce dentro de las instituciones, hablamos de gobernabilidad, la cual ordena la vida pública al ampliar la legitimidad de las soluciones; y cuando la atención de esos conflictos incorpora a los actores que representan intereses directos e indirectos, hablamos de gobernanza, en la que existe diálogo, corresponsabilidad y participación.
Esta distinción permite leer con mayor profundidad algunos episodios del presente. Las recientes manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, en vísperas del Mundial 2026, muestran una tensión propia de toda democracia, la convivencia entre protesta social, derechos de terceros, autoridad e interés general. La protesta expresa demandas y conflictos acumulados, y corresponde a la autoridad escuchar, responder y preservar condiciones de convivencia.
La posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que se respetarán los mecanismos de expresión y que el diálogo seguirá siendo la vía de atención, coloca el asunto en un terreno político relevante. Gobernar implica decidir, pero también escuchar, ordenar, comprender, conducir y reconocer que los conflictos públicos suelen tener causas materiales, históricas y organizativas.
México será observado por el mundo durante las siguientes semanas, en el contexto del mundial de futbol, y esa observación no debe limitarse a la infraestructura, la seguridad o la logística. También se observará nuestra capacidad para sostener libertades, atender conflictos y preservar la vida común.
A cuarenta y seis años de la reforma que elevó a rango constitucional la autonomía de las universidades y la libertad de cátedra, sigue más vigente que nunca la libertad de pensamiento que se defendió en las aulas y se extendió a la investigación, nació en la plaza pública, en la protesta, en el diálogo social y se reconoció en reglas institucionales para escuchar y atender aquello que incomoda, que genera conflicto.
Hoy nuestras universidades y la mayoría de las instituciones de educación superior practican además de la libertad de cátedra, la perspectiva de género, los derechos humanos y la participación activa de sus comunidades en los asuntos de interés público.
Sin embargo, la cultura democrática no ha terminado de madurar en nuestras vidas cotidianas y debemos aprender a reconocer que nuestro derecho de opinar y manifestarnos puede chocar con el derecho a la movilidad y a diferir. Necesitamos ceder autoridad y representación electoral, mediante la argumentación, a traves de la construcción de acuerdos. Pensar distinto no divide por sí mismo a una nación. Pensar distinto con respeto, conciencia y responsabilidad, enriquece el debate nos ayuda a todas y todos a comprender mejor los problemas y encontrar alternativas. La libertad de cátedra nos otorga autogestión, dialogo y la construcción de acuerdos nos otorga gobernabilidad con gobernanza democrática.
Finalmente, no puedo cerrar esta columna sin recordar a las víctimas de la Matanza del Jueves de Corpus, mejor conocida como “El Halconazo”. Hace 55 años la intolerancia cobró muchas víctimas. Hoy, la realidad es otra, las condiciones políticas y sociales nos hablan de una apertura democrática por la que tanta gente luchó en la segunda mitad del siglo pasado. 10 de Junio No se Olvida.
Académico