La experiencia mexicana muestra que las reformas electorales definidas con anticipación tienen efectos directos sobre la estabilidad política. Vayamos a la reforma de 1996, que consolidó la autonomía del entonces IFE y redefinió reglas de competencia, permitió que la alternancia de 2000 ocurriera con niveles inéditos de aceptación de los resultados. Años después, la reforma de 2007-2008, aprobada tras un proceso electoral altamente conflictivo, evidenció los costos de ajustar reglas en un ambiente de desconfianza acumulada. En ambos casos, el momento en que se tomaron las decisiones resultó tan relevante como su contenido, porque marcó la relación entre competencia política, legitimidad institucional y gobernabilidad.
Actualmente y a un año de que inicie formalmente el proceso electoral de 2027, el sistema político mexicano ya se encuentra en una fase de definición anticipada. Las reglas de la competencia, el diseño institucional y la organización de los actores avanzan al mismo tiempo, con decisiones que tendrán efectos directos sobre la legitimidad del próximo ciclo electoral. Por ello, es claro que este 2026 se convierte rápidamente en un año clave.
Uno de los focos centrales, es la discusión de la reforma electoral impulsada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, con la intención de presentarla al Congreso en los próximos meses. Recordemos que el eje de esta propuesta incluye la revisión del sistema de representación proporcional y la modificación de la estructura del organismo electoral, con planteamientos como la transformación del Instituto Nacional Electoral en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y la reducción del número de consejeros; pues actualmente el INE opera con once consejerías y un presupuesto que tan solo en el ejercicio 2024 superó los 22 mil millones de pesos, cifra que ha alimentado el debate público sobre austeridad, eficiencia y redimensionamiento institucional. Estos anuncios han generado reacciones al interior del propio Instituto, donde se han expresado preocupaciones sobre el impacto institucional de los cambios.
La reforma también ha encontrado resistencias dentro del propio bloque legislativo que acompaña al gobierno. Partidos como el PT y el Partido Verde han endurecido posiciones tanto en la negociación de la iniciativa como en la conversación sobre candidaturas futuras, pues cualquier ajuste al sistema de representación incide de manera directa en la distribución de escaños y en la capacidad de negociación dentro del Congreso. Hoy, 200 de los 500 diputados federales acceden a la Cámara por la vía de representación proporcional, lo que convierte a este componente en un elemento central para la supervivencia parlamentaria de varias fuerzas políticas.
Por su parte, la oposición atraviesa un momento distinto. Sus debates internos continúan concentrándose en candidaturas y alianzas, con dificultades para articular un proyecto político que conecte con las demandas sociales actuales. En las elecciones intermedias de 2021, la participación ciudadana superó el 52 por ciento, un indicador que refleja un electorado menos movilizado y más exigente. En este escenario, la falta de una propuesta clara limita la capacidad de incidir en el debate de fondo sobre el modelo electoral y reduce la influencia opositora en una discusión que ya se encuentra en marcha.
En paralelo, ha vuelto al centro del debate el tema de la sobrerrepresentación de diputados plurinominales y la percepción de desconexión entre estos espacios de representación y el voto directo de la ciudadanía. En procesos recientes se han documentado diferencias significativas entre el porcentaje de votos obtenidos por algunas fuerzas políticas y el número final de curules asignadas. Esta situación alimenta la discusión sobre proporcionalidad, legitimidad y responsabilidad política, y obliga a revisar el funcionamiento del sistema con criterios técnicos y no únicamente desde la lógica partidaria.
En el plano operativo, los partidos ya se encuentran en proceso de preparación anticipada. Pues apenas iniciamos febrero y las fuerzas políticas ya han ajustado estrategias, desplegado estructuras territoriales y posicionado figuras y mensajes. El propio Instituto Nacional Electoral ha advertido que el proceso 2026–2027 será uno de los más complejos en términos logísticos, con la renovación de la Cámara de Diputados, elecciones en diversas entidades federativas y una lista nominal que supera los 98 millones de personas.
Con todo lo anterior, en silencio y lejos del calendario oficial, el país ya está delimitando el terreno de la próxima contienda; y en este contexto, la forma en que se procesen estas discusiones tendrá impacto directo en la credibilidad del proceso electoral y en la capacidad institucional para gestionar la competencia política. Por si fuera poco el huracán que tenemos en el plano internacional, tendremos un año bastante definitivo en cuanto a la política interna. Aplazar definiciones relevantes incrementará el riesgo de trasladar tensiones al momento electoral, cuando el margen de maniobra se vea reducido de forma significativa y el costo institucional sea más alto. Esa es la responsabilidad que hoy recae sobre quienes toman decisiones en el Congreso, en los partidos y en nuestras instituciones electorales.