El binomio justicia y ciudadanía es indispensable cuando se pretende reconocer la fortaleza de cualquier estado democrático; y, ojo, al hablar de justicia no debemos limitarnos a entenderla solo como aquella que se encuentra en los tribunales y las leyes; como tampoco hablar de ciudadanía se reduce al acto de votar o cumplir obligaciones formales. En un país que vive un proceso de transformación profunda, como es México desde el año 2018, este vínculo implica corresponsabilidad, pues nos encontramos frente a una sociedad que exige resultados, pero también debe encontrar espacios plurales y abiertos para participar en la construcción de las condiciones para alcanzarlos.
Durante décadas, las instituciones de procuración de justicia en México operaron e incluso muchas de ellas —más de las que quisiéramos— han operado con estructuras verticales y poca interacción con la sociedad. La relación autoridad-ciudadanía se limita a recibir denuncias o publicar cifras, sin mecanismos formales que obliguen a considerar la voz ciudadana en la planeación institucional. Esta distancia ha alimentado una percepción de impunidad que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), alcanza a más del 90 % de los delitos.
En este contexto, la participación ciudadana, entendida desde el proyecto de la Cuarta Transformación, es el derecho de la población a intervenir directamente en la definición, seguimiento y evaluación de las decisiones públicas en materia de justicia. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 1° constitucional, que obliga a todas las autoridades a garantizar los derechos humanos; también en el artículo 6°, que asegura el acceso a la información; y en el artículo 8°, que reconoce el derecho de petición. En materia de justicia, todo lo anterior implica que las fiscalías deben abrirse a la supervisión y colaboración social para que la ciudadanía pueda incidir en cómo se investigan los delitos, cómo se asignan los recursos y cómo se evalúa el desempeño institucional.
Existen modelos que a nivel internacional pueden servir de ejemplo para abrir estas formas de vinculación entre ciudadanía y justicia. Por citar algunos ejemplos veamos cómo en Singapur, la policía comunitaria (o de proximidad) ha logrado integrar comités vecinales con acceso a diagnósticos delictivos y capacidad de influir en la asignación de recursos para la vigilancia. Por su parte, Medellín consolidó Consejos Locales de Seguridad y Convivencia que, en conjunto con la autoridad local, logró identificar actores de riesgo y mediar conflictos, con impactos claros en la reducción de homicidios. También Nueva Zelanda es ejemplo de ejercicios de participación ciudadana y justicia, al incorporar mecanismos de justicia restaurativa en casos de delitos juveniles, logrando menor reincidencia y mayor satisfacción de las víctimas.
En México también hay experiencias que pueden escalarse al ámbito federal. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia de Yucatán ha logrado combinar análisis independientes con datos oficiales para influir en la generación de cambios normativos y operativos. En Chihuahua, la creación de comités de supervisión penitenciaria logró documentar y corregir prácticas ilegales dentro de los centros de reclusión. Finalmente, en Jalisco, la colaboración entre la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y colectivos feministas ha mejorado la calidad probatoria en investigaciones sensibles. Estos casos, nacionales e internacionales, coinciden en tres condiciones esenciales para que la participación ciudadana tenga incidencia real: 1) normatividad vinculante que obligue a las fiscalías a responder públicamente a observaciones ciudadanas y a integrar sus recomendaciones en la planeación; 2) acceso a información en formato de datos abiertos, que incluya indicadores de desempeño y avance de investigaciones; y 3) creación e implementación de mecanismos de supervisión externa con facultades de auditoría.
La integración de estos elementos responde a la Constitución, a compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero sobre todo a una visión de Estado que coloca a la ciudadanía en el centro de la acción pública.
En la Ciudad de México, el Plan de Política Criminal se construye a partir de mesas de trabajo con organizaciones sociales e instituciones académicas. Incluso en el período en el que, quien escribe tuvo el honor de encabezar la FGJCDMX, acudimos a las agencias territoriales para presentarlo ante vecinas y vecinos, y escuchar su sentir. Este ejercicio además de hacer una Fiscalía más cercana a la ciudadanía, nos permitió reforzar la propuesta para el siguiente año. En el ámbito de la justicia federal, su implementación es posible, pero requiere fortalecer y dotar de atribuciones y recursos a mecanismos ya existentes, asegurando que generen resultados verificables.
La participación ciudadana debe asumirse como un componente central de las fiscalías; pues, bien diseñada, permite elevar la calidad de las investigaciones, reducir márgenes de discrecionalidad y alinear la acción institucional con las expectativas legítimas de la población. En este momento histórico que vivimos como nación y ciudadanía que ha elegido correctamente el camino de la democracia, reconozcamos que la legitimidad se construye día con día, en decisiones que confirman que el poder público pertenece al pueblo y que la justicia se ejerce con él y para él.
Académico y especialista en políticas públicas en materia de administración de justicia y paz
