El día de ayer tuve la oportunidad de participar en la Ceremonia Cívica con la Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y sumarme a los trabajos del Gabinete de Seguridad. Este encuentro sirvió para reiterar el compromiso compartido entre autoridades federales y estatales en la construcción cotidiana de la paz, una labor fundamental que encuentra sustento en el marco constitucional y normativo vigente.

En este contexto institucional, el papel de los delegados estatales de la Fiscalía General de la República (FGR) adquiere especial relevancia, pues esta figura, según establece el Estatuto Orgánico de la FGR, reconoce en este encargo sus funciones como representante directo del Ministerio Público de la Federación en cada entidad federativa. Por ello, entre sus labores se encuentran la investigación y persecución de los delitos federales, así como la coordinación institucional para la implementación efectiva de la política criminal del país.

Morelos enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad y justicia. En respuesta, el gobierno estatal ha implementado estrategias para fortalecer éstas. Además, se ha sumado a la aprobación de la reforma al Poder Judicial para democratizar la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular a partir de 2027.

Sin embargo, el Poder Judicial de Morelos presenta una crisis interna, con divisiones entre magistrados y acusaciones de corrupción que han afectado su funcionamiento. En este contexto, las relaciones interinstitucionales entre los distintos niveles de gobierno resultan indispensables para abordar estos temas de manera efectiva.

El delegado estatal de la FGR en Morelos tiene, desde esta óptica, una tarea amplia que va más allá de la investigación de delitos federales. Su función incluye la responsabilidad de mantener y fomentar un diálogo abierto y constante con el fiscal general del estado, con autoridades locales y con actores sociales relevantes. Este diálogo institucional está amparado por la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que enfatiza la necesidad de colaboración efectiva, intercambio oportuno de información y desarrollo de estrategias conjuntas para prevenir, investigar y sancionar la criminalidad de manera eficiente.

Nuestra reciente designación para participar en la procuración de justicia desde esta posición es, por tanto, una oportunidad para profundizar en la reflexión sobre cómo fortalecer estos lazos institucionales en apego estricto al marco jurídico vigente. No se trata de ofrecer soluciones inmediatas ni promesas superficiales, sino de refrendar un compromiso constante y paciente hacia la construcción diaria de una justicia federal que sea efectiva, tangible y próxima a las realidades ciudadanas.

La procuración de justicia federal en lo local, sustentada en los principios constitucionales de legalidad, autonomía, imparcialidad y respeto a los derechos humanos, se consolida así como un espacio privilegiado para la colaboración permanente y la corresponsabilidad diaria entre instituciones y sociedad, elementos esenciales para atender adecuadamente los complejos desafíos que enfrentamos hoy en día.

Agradezco nuevamente la confianza del fiscal general Alejandro Gertz Manero, a las autoridades locales les doy mi compromiso de que trabajaremos estrechamente para seguir impulsando la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, y a la sociedad morelense le doy la certeza que estaremos trabajando por la construcción de la paz y la justicia.

Académico y especialista en políticas públicas en materia de procuración de justicia y paz

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