La aprobación en el Senado de las reformas a la Ley de Amparo, con quince cambios a la iniciativa original, abrió un frente de incertidumbre que no debió haberse generado. Se sabe ahora que los cambios buscan fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo, así como los mecanismos complementarios de defensa en materia fiscal y administrativa, con el fin de garantizar un acceso efectivo, ágil, transparente y humanista a la justicia, en congruencia con la Constitución y los Derechos Humanos; pero entre todas las modificaciones, la que ha causado mayor polémica es la cláusula que pretende aplicar de manera retroactiva los nuevos criterios a asuntos que ya se encontraban en trámite, y no se trata de un detalle menor; es un choque directo a lo que establece el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe expresamente dar efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna. Más aún, que la propia presidenta Claudia Sheinbaum haya señalado públicamente que esa disposición no formaba parte de su iniciativa y que, en su opinión, debe revisarse, es un dato revelador de la fragilidad con la que se toman decisiones en un tema tan delicado.
Los acuerdos de reforma avanzaron con rapidez y evitaron que la minuta llegara a la Cámara de Diputados con una maniobra tan burda como incluir un transitorio de retroactividad. Ese intento no es un asunto menor ya que compromete la certeza jurídica de miles de personas y la confianza en el amparo como principal defensa de los derechos fundamentales. El riesgo se entiende mejor con ejemplos sencillos. Si una empresa poderosa que lleva años discutiendo impuestos millonarios en tribunales de pronto se enfrentara a un cambio de reglas en plena partida, no dudaría en acusar que el Estado actúa con ventaja y buscaría victimizarse frente a la opinión pública.
El juicio de amparo ha sido, por más de un siglo, uno de los pilares del constitucionalismo mexicano. Gracias a él, la ciudadanía puede defenderse contra actos arbitrarios del poder público y privado. Alterar sus reglas con cláusulas que generan dudas de constitucionalidad no solo abre la puerta a litigios interminables, también erosiona la legitimidad de la propia reforma. El debate revela, además, una tensión política de fondo. Mientras en el Senado se impuso una modificación que excedía la iniciativa original, desde el Ejecutivo hay deslinde y se coloca la responsabilidad en la Cámara de Diputados para “aclarar” los alcances del transitorio. Se trata de un intercambio que más parece reflejo de desencuentros internos, que un proceso legislativo serio y responsable. Lo que se necesita ahora es revisar, corregir y enviar una señal inequívoca de que el Poder Legislativo entiende la trascendencia del juicio de amparo para la vida democrática del país. En una nación marcada históricamente por desigualdades y abusos de poder, el amparo no puede ser debilitado ni utilizado como terreno de disputa partidista.
No es la primera vez que se intenta modificar la Ley de Amparo. A lo largo de las últimas décadas, los cambios han buscado ajustar plazos, clarificar requisitos o ampliar el espectro de protección a nuevos derechos. Pero siempre se había mantenido la línea de no afectar procesos en marcha. Esta es la primera ocasión en que se intenta dar un salto más allá, cruzando un límite que hasta ahora había sido respetado por todas las fuerzas políticas. Por ello, es importante dejar claro que, contrario a lo que han querido manejar algunos medios, no se trata de una instrucción de la Presidenta ni venía en el paquete entregado por la Consejera Jurídica.
Corresponderá a las y los Diputados enmendar este error para garantizar que la justicia mexicana mantenga uno de sus pilares más sólidos: que las reglas sean claras, predecibles y aplicables sin sesgos ni retrocesos. La ciudadanía espera ser protegida, no sorprendida; y el juicio de amparo, como herencia jurídica de nuestro país al mundo, merece un respeto que trascienda las coyunturas políticas.
Académico
