La amnistía, o “amnestía”, es un acto del Poder Legislativo que decreta el “olvido oficial” de una categoría de delitos. A diferencia del indulto, que es un perdón individual otorgado por el Ejecutivo, la amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas de forma general para un grupo de personas, aboliendo los procesos judiciales o las condenas. Es en sí, un esfuerzo por la pacificación, generalmente derivado de situaciones de crisis o conflicto político y social.
La historia de nuestro país nos ha brindado diversos momentos en los que se ha recurrido a este recurso. En 1870, Benito Juárez promulgó una Ley de Amnistía a favor de los presos conservadores que conspiraron en apoyo del emperador Maximiliano. Lázaro Cárdenas otorgó amnistía en 1937 a civiles y militares que habían participado en motines y rebeliones al término de la Revolución Mexicana. Por otro lado, Manuel Ávila Camacho la emitió para los participantes en el levantamiento de Juan Andreu Almazán, quien había alegado fraude en las elecciones presidenciales de ese año. Tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, Carlos Salinas promulgó su ley de amnistía para quienes habían participado en el movimiento armado. Y en 2020 el Presidente Andrés Manuel promulgó la suya para beneficiar a personas procesadas o sentenciadas por delitos menores del fuero federal, como el robo simple sin violencia, aborto, o ciertos delitos contra la salud (posesión de drogas). Su propósito fue reducir la sobrepoblación penitenciaria y ayudar a personas en situación de pobreza o extrema vulnerabilidad.
Esta última medida, de acuerdo con el informe anual de la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Amnistía de México, ha permitido en 2025, 411 liberaciones con validación de jueces federales, lo que extinguió procesos, borró antecedentes y restituyó derechos civiles y políticos. Hoy por hoy es una política con procedimientos, datos verificables y controles judiciales claros. Se trata entonces de un mecanismo legal que opera bajo reglas y supervisión jurisdiccional.
¿A quiénes está llegando? A personas en situación de pobreza, integrantes de pueblos y comunidades indígenas que carecieron de intérprete o defensa adecuada, mujeres, población LGBTIQ+ y casos asociados a discapacidad, temor fundado o robos sin violencia. La política también ha reconocido un hecho elemental: la geografía no puede decidir la justicia, pues donde hubo mejores defensorías y criterios homologados, los avances son demostrables; en cambio, donde faltaron peritajes, intérpretes y asesoría técnica, el rezago persiste.
En junio de este año, se emitieron nuevos lineamientos para ordenar y agilizar la tramitación; y si se aplica con un enfoque pro persona (del cual hablamos el 27 de agosto de 2024), se logrará reducir la discrecionalidad y dar aún más certeza a solicitantes, con requisitos claros, motivaciones robustas y tiempos definidos. Varios congresos estatales han aprobado sus leyes de amnistía, lo cual es positivo pues esto obliga a construir estándares mínimos nacionales, con intérpretes cuando se requieran, una defensa pública competente y criterios probatorios uniformes.
Aún existen asuntos pendientes que deben atenderse; por ejemplo, la reinserción social y laboral, la atención en salud y el acompañamiento administrativo, pero con el restablecimiento de derechos político-electorales para quienes recuperan la libertad se da un impulso valioso para devolver a los beneficiados una ciudadanía plena.
La discusión pública suele oscilar entre dos escenas casi caricaturescas: la amnistía como una “puerta giratoria” y la amnistía como un “remedio universal”, pero ninguna de las dos es cierta, pues la primera ignora los controles judiciales, mientras que la segunda confunde un mecanismo extraordinario con las reformas ordinarias que el sistema penal aún requiere: investigación profesional, defensa pública robusta, debida diligencia y respeto estricto al debido proceso. El objetivo estratégico es que cada amnistía sea, en el futuro, menos necesaria.
Consolidar la evolución de la amnistía exige tres compromisos: transparencia con trazabilidad de cada caso; estándares nacionales de inclusión y debida defensa para que la lengua, la etnia y la pobreza no vuelvan a ser factores de condena; y acompañamiento integral que armonice la restitución de derechos con la reparación y la no repetición.
Hemos avanzado otorgando beneficios con control judicial, lineamientos que ordenan el procedimiento, marcos locales en expansión y apoyos de reinserción, pero aún quedan temas pendientes relacionados con la calidad institucional; por ejemplo: menos azar y más reglas, menos rezago y más oportunidad, menos opacidad y más datos. La amnistía ha evolucionado, sin duda y habrá alcanzado una etapa madura cuando su aplicación sea sin excepción, de una legalidad integral, transparente, humana; y su necesidad, verdaderamente excepcional.
No quiero cerrar estas líneas sin mencionar un momento en el que quien escribe vivió la concreción de la amnistía. En medio de una fuerte tensión social derivada del periodo conocido como “La Guerra Sucia” (años 60 y 70), donde los gobiernos implementaron una estrategia de represión sistemática contra movimientos de oposición y activistas estudiantiles, obreros y campesinos, diversas organizaciones reclamábamos la liberación de presos políticos, y la presentación con vida de personas desaparecidas. En esos tiempos tuve la oportunidad de coincidir en el Zócalo de la ciudad con doña Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del colectivo Eureka y nos sumamos a su lucha. La presión fue tal, que en 1978 se decreta la amnistía, y cerca de mil 500 presos políticos fueron libertados, se permitió el regreso al país a los exiliados y más de 2 mil órdenes de aprehensión quedaron sin efecto.
Lo que quiero decir es que este recurso no surge de manera espontánea a voluntad de las personas gobernantes en turno. Se trata de momentos en los que la realidad política y social demandan medidas drásticas para la pacificación del Estado. Algo medianamente diferente en los gobiernos de la Cuarta Transformación si así lo quieren ver, pero es innegable que la justicia también debía llegarles a los más desfavorecidos, a quienes la pobreza se convierte en el principal verdugo dentro del sistema de justicia.
Académico y especialista en políticas públicas en materia de administración de justicia y paz
